El gobierno de Javier Milei ha decidido no presentar la candidatura de Argentina para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta medida, que responde a la política de la administración de reducir la presencia en agencias multilaterales, fue confirmada por el Gobierno tras haber sido anticipada extraoficialmente durante meses.
La decisión fue tomada para limitar la participación de Argentina en agencias que el presidente considera irrelevantes. La noticia, que se filtró inicialmente a través de un informe de Amnistía Internacional, provocó una denuncia de la ONG, la cual señaló que "Milei no tiene interés de tener un lugar en esa mesa para influir en las normas y políticas del futuro".
El trasfondo político de la decisión
La postura de no participar en el Consejo de Derechos Humanos se alinea con la visión de Milei sobre los organismos internacionales, a los que calificó de "leviatán de múltiples tentáculos" en su discurso ante la ONU en septiembre pasado. En esa ocasión, el mandatario había adelantado que Argentina abandonaría su "posición histórica de neutralidad" para liderar la "lucha en defensa de la libertad".
La decisión argentina replica en parte la política de la administración estadounidense de Donald Trump, que también se retiró de varias agencias de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta similitud no es casualidad; de hecho, el gobierno argentino ha anunciado su intención de salir de la OMS a partir de febrero de 2026, lo que fue respaldado por el ministro de Salud argentino en una reunión con su homólogo estadounidense.
Críticas y consecuencias
La decisión ha generado críticas, especialmente considerando el prestigio que Argentina había construido en el Consejo de Derechos Humanos. Este reconocimiento se logró gracias a su política de memoria, verdad y justicia tras la última dictadura militar, así como a su postura en temas como el matrimonio igualitario y el repudio a las dictaduras.
Por su parte, el Consejo de la ONU había expresado su preocupación por el nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial en Argentina, lo que fue considerado una "injerencia" por la Casa Rosada. Este hecho, sumado a las denuncias de organismos internacionales, muestra un creciente distanciamiento entre el gobierno de Milei y los foros multilaterales.
