Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, advierte que la pobreza es resultado de la exclusión económica y no de las regulaciones laborales, oponiéndose a la propuesta de reforma del Gobierno.
Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y delegado de la CGT ante el Consejo de Mayo, levantó la voz para criticar severamente la iniciativa gubernamental de reforma del mercado laboral. El dirigente gremial enfatizó que "la pobreza no es un fenómeno espontáneo", sino una consecuencia directa de políticas económicas que marginan el empleo, el poder adquisitivo y la equidad social.
Para el sindicalismo, el proyecto oficial constituye una ratificación disfrazada del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, una normativa que consideran "impuesta sin consenso" y que ya fue exitosamente impugnada por la central obrera en la justicia. Martínez recordó que la CGT ha expresado una "oposición categórica" en cada reunión del Consejo de Mayo a cualquier intento reformista basado en dicho decreto.
Un nuevo orden laboral que precariza
El titular de la UOCRA acusó al Gobierno de intentar "imponer un nuevo esquema laboral" bajo el pretexto de la modernización, pero afirmó que lo que se propone es una mera "reedición de viejas recetas" que históricamente solo han exacerbado la desigualdad y la fragilidad del empleo. Subrayó el rol vital de los sindicatos como la "voz estructurada de la demanda", dedicada a la defensa de los derechos esenciales de los trabajadores.
Martínez insistió en que la falta de un plan económico que asegure el desarrollo constante y la creación de empleo formal "detiene cualquier perspectiva de avance" y priva a miles de ciudadanos de una vida laboral digna. El líder gremial sentenció que "ninguna nación progresa a costa de empobrecer a su fuerza de trabajo", y recordó que cada ataque previo a los derechos laborales tuvo como resultado un aumento de la precariedad, la disparidad social y la marginación.
En defensa de las garantías constitucionales, reivindicó la plena vigencia del Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, que protege la estabilidad laboral, la negociación colectiva y el amparo contra el despido injustificado. Para él, el imperativo actual es "reconstruir un acuerdo productivo" que devuelva al trabajo el lugar central en la vida económica y social de la nación.
El costo argentino y las PyMES
El líder de la UOCRA desestimó la noción de que las regulaciones laborales sean el obstáculo principal para el crecimiento. Por el contrario, destacó la relevancia de las pequeñas y medianas empresas (PyMES), que son la principal fuente de empleo registrado y el motor de las economías locales. "El problema real no es la normativa laboral, sino la ausencia de una política económica que garantice condiciones concretas para la inversión productiva y una rentabilidad perdurable", enfatizó.
Martínez desmintió categóricamente que los derechos de los trabajadores contribuyan al llamado "costo argentino". Sostuvo que este costo se origina en el "manejo deficiente de las políticas económicas, fiscales y cambiarias", y que "el salario no tiene incidencia en esa problemática". A su juicio, la "libre práctica de la negociación colectiva es la herramienta fundamental" para alcanzar un desarrollo balanceado y con equidad social.
Diálogo y estrategia de la CGT
Martínez confirmó que para el movimiento sindical argentino, "el diálogo es la vía para asegurar la justicia social". Sin embargo, este diálogo debe ser "transparente y sostenible", no meramente discrecional. Insistió en que la verdadera modernización del mercado laboral argentino debe enfocarse en "fortalecer a las PyMES, impulsar la industria nacional y garantizar la libre negociación paritaria".
El representante sindical denunció una doble vara del Gobierno: "Se garantiza la seguridad jurídica para las empresas, pero esa protección se esfuma cuando los destinatarios son los trabajadores". En consecuencia, instó a avanzar hacia un "pacto productivo" que promueva políticas activas para generar valor agregado, capacitar a los trabajadores y formalizar el empleo informal.
La postura de Martínez se alinea con la estrategia de la CGT frente al DNU 70/23, al que calificó de "reforma laboral solapada". La central obrera, que logró frenar judicialmente los artículos más controvertidos, ha utilizado el Consejo de Mayo como una plataforma de confrontación institucional y no como un espacio de mera validación política.
La cúpula de la central gremial busca reimpulsar el concepto de pacto productivo —una alternativa centrada en producción, trabajo y soberanía nacional— frente al enfoque de ajuste estructural y financiero que impulsa el ala más ortodoxa del actual Gabinete.
Martínez concluyó afirmando que el sindicalismo argentino posee la capacidad y la experiencia para "fomentar el desarrollo productivo sin menoscabar las condiciones laborales ni romper el equilibrio entre el capital y el trabajo". La meta es una Argentina productiva, exportadora, que retome la senda del progreso basándose en el trabajo digno y con derechos, la inclusión, la solidaridad y la justicia social.
