Liderada por Santilli y los Menem, la Casa Rosada busca un acuerdo antes de enviar el proyecto al Congreso en diciembre. El oficialismo utiliza el apoyo de los gobernadores como herramienta de presión, mientras que el sindicalismo advierte que no tolerará una imposición.
La mesa de diálogo: Santilli y el clan Menem
El Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) están a punto de iniciar una ronda de negociaciones cruciales sobre la inminente reforma laboral. El objetivo es alcanzar el máximo consenso posible antes de que la versión oficial del proyecto se presente al Congreso el 15 de diciembre para su debate en sesiones extraordinarias.
Fuentes oficiales indican que las tratativas serán conducidas por un trío de peso político:
·Diego Santilli, Ministro del Interior.
·Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados.
·Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional (figura vinculada a Karina Milei).
Esta composición subraya la importancia que el Ejecutivo otorga a la negociación, al involucrar a referentes con conexión directa a los centros de poder de la administración. Santilli ya había adelantado la voluntad de diálogo a líderes cegetistas como Cristian Jerónimo y Jorge Sola, desmintiendo trascendidos y asegurando el deseo de acuerdo.
El Sindicato se prepara para los reclamos
Desde la CGT, la expectativa por la convocatoria es alta, pero también lo es la advertencia. Jorge Sola, tras un encuentro con diputados sindicales, fue categórico: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”.
Con la asistencia de su equipo legal, la central obrera está elaborando una contrapropuesta basada en el último borrador filtrado. Su principal foco es "voltear" los artículos que consideran un ataque frontal a su poder, vinculados al derecho colectivo.
Los puntos de mayor preocupación para el sindicalismo son:
·Reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales.
·Limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
·Restricción de las cuotas solidarias (financiamiento clave de los sindicatos).
·Prioridad de los convenios por empresa.
·Regulación de las asambleas internas.
El dilema de la "caja sindical": cuotas solidarias
El artículo que más obsesiona a la CGT es la limitación de las cuotas solidarias, los aportes compulsivos que financian la totalidad de las organizaciones gremiales mediante descuentos a todos los trabajadores de una actividad (afiliados o no).
Líderes como Armando Cavalieri (Comercio) ya han advertido sobre una "crisis sin precedentes" si esta fuente de ingresos se restringe. En el Gobierno, aunque el ministro Federico Sturzenegger (quien las calificó como "peaje sindical") insiste en mantener el punto, otras facciones proponen una atenuación: establecer topes (no más del 2% del sueldo) y exigir una contraprestación explícita a cambio del descuento.
Presión y mandato electoral
En la Casa Rosada, reconocen que algunos artículos pueden ser "atenuados" en aras de la "paz social", una visión que cuenta con el aval de Sturzenegger.
No obstante, el oficialismo advierte que, empoderado por el resultado electoral, no aceptará una "versión pasteurizada" del proyecto. Un referente libertario afirmó: “Tenemos el mandato de la gente para llevar adelante las reformas que el país necesita”.
El Gobierno utilizará como herramienta de presión en la negociación el apoyo a las reformas que firmaron los 20 gobernadores en el Pacto de Mayo. Sin embargo, al menos tres mandatarios provinciales clave ya han manifestado a la CGT que no avalarán "cualquier tipo" de cambio en la legislación laboral.
Control y otros frentes de conflicto
Para blindar el borrador final del proyecto y frenar las filtraciones, el Consejo de Mayo tomó una medida drástica: reducir sus miembros de 15 a solo 3. Los funcionarios sospechan que las filtraciones distorsionadas buscaban boicotear el debate.
Finalmente, la reforma laboral no es el único frente abierto. La CGT también rechaza la Ley de Libertad Educativa, calificada como un intento de "serruchar el sistema de educación", llevando estas quejas al Consejo de Mayo.
Para la CGT, los próximos días serán decisivos en el intento por suavizar la versión más dura de la reforma. Aunque la posibilidad de que la central obrera termine firmando un acuerdo es baja, su postura será determinante, con el ala dura presionando para un veto total del proyecto.
