Un reclamo gremial elevó al recinto legislativo una seria acusación contra la Dra. Susana Medina, miembro del Superior Tribunal de Justicia, por supuestos 668 días de inactividad y desvío de fondos públicos para viajes no oficiales.
La provincia de Entre Ríos es el escenario de un nuevo sismo institucional en el Poder Judicial. En una acción que promete reavivar el debate sobre la transparencia y la dedicación en los altos cargos judiciales, el dirigente sindical Eugenio Jacquemain, en representación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), formalizó un pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Dra. Susana Medina.
La presentación es contundente y se basa en dos pilares de acusación: el "grave abandono de funciones" por un registro de inasistencias prolongadas y el presunto uso discrecional e indebido de fondos públicos para costear actividades personales o ajenas a la misión judicial.
El expediente de las ausencias: casi dos años fuera del cargo
El núcleo de la denuncia es el impactante cómputo de las faltas de la magistrada: un total de 668 días hábiles de ausencia de la jurisdicción a lo largo de los últimos nueve años (2016-2025).
El documento presentado critica que la jueza habría justificado estas extensas inasistencias mediante conceptos genéricos como "capacitación" o "actividades académicas/institucionales", muchas veces vinculadas a su rol en la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). Según la acusación, este patrón de conducta, sostenido en el tiempo, evidencia una "indolencia incompatible" con la alta responsabilidad de integrar la máxima corte provincial.
Las constancias de viajes citadas en la solicitud revelan un itinerario que incluyó destinos internacionales distantes como Kenia, Pakistán y Marruecos, además de escalas en Italia, Suiza y Estados Unidos, todos realizados mientras estaba en funciones.
Viáticos y autos oficiales bajo la lupa
El reclamo de AGMER no solo se detiene en la cantidad de días ausentes, sino que pone el foco en la financiación de estos movimientos. La denuncia sostiene que la Dra. Medina habría utilizado de manera rutinaria vehículos oficiales con choferes designados y habría tramitado viáticos para viajes que carecían de una agenda institucional verificable.
Según el dirigente Jacquemain, los recursos del STJ habrían servido para cubrir actividades de índole "personal, partidaria o diplomática", incluyendo los gastos operativos, combustibles y viáticos para el personal de apoyo, que representan una cifra significativa por día de traslado.
El vínculo político que genera interrogantes
La polémica se intensifica al recordar un hecho que tuvo repercusión mediática en 2024. Se trata de una fotografía que mostraba a la vocal Medina en compañía de altas figuras del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Aunque la magistrada negó haber impulsado "formalmente" su postulación, la difusión de esta imagen alimentó las especulaciones sobre un supuesto apoyo político para ocupar una silla en la Corte Suprema de la Nación. Para los denunciantes, esta cercanía promocionada con el poder de turno plantea "serias dudas" sobre la probidad e independencia que debe exhibir un integrante de la cúspide judicial de Entre Ríos.
El pedido de Jury ya está en manos de la Legislatura provincial, que deberá evaluar si existen causales suficientes para iniciar el proceso de remoción, en un caso que inevitablemente trae a la memoria procesos similares anteriores que sacudieron al STJ.
