La convocatoria a sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026 —junto con un paquete de reformas estructurales y la denominada “Inocencia Fiscal”— ha tropezado con un fuerte escollo político. Si bien el Ejecutivo nacional formalizó el llamado por decreto, las administraciones provinciales han manifestado su profundo desacuerdo con el ministro de Economía, Luis Caputo, por la falta de una propuesta concreta que aborde los compromisos financieros pendientes que la Nación mantiene con diversas jurisdicciones.
Desde las provincias advierten con claridad: no respaldarán la ley de leyes ni el resto del paquete sin garantías explícitas sobre el pago de los fondos adeudados. Los principales focos de reclamo incluyen:
·Atrasos en convenios de obras públicas.
·Subsidios prometidos y no ejecutados.
·Normalización de transferencias de fondos pendientes.
La falta de borradores y el impacto en las Provincias
A pesar de la urgencia del llamado, fuentes gubernamentales indican que el equipo de Caputo en el Palacio de Hacienda aún está trabajando en la redacción de modificaciones, sin que hasta el momento se haya distribuido un borrador formal a ninguna gobernación. La negociación, según anticipan, está lejos de alcanzar un consenso.
Un ejemplo destacado de los litigios es el de Santa Cruz, que demanda el pago de $11.000 millones originados en acuerdos firmados con Vialidad Nacional y que no se materializaron durante el año en curso. Estas demoras tienen un efecto directo en proyectos de infraestructura vial y en el mantenimiento de la red de rutas.
En una acción concertada, las autoridades de las provincias de la Patagonia, que se han unido en un bloque para ejercer presión, han sido categóricas en su demanda: la inclusión detallada y explícita del saldo de estas deudas en el nuevo Presupuesto. Ileana Zarantonello, titular de Vialidad de Tierra del Fuego, enfatizó que la exigencia no busca "beneficios adicionales", sino sencillamente "el cumplimiento de lo previamente acordado".
Los compromisos incumplidos también se extienden a otras áreas vitales, como los subsidios al consumo de gas en zonas de bajas temperaturas, diversos programas sociales y el financiamiento de otras obras de infraestructura. Los gobernadores argumentan que, si el Gobierno Federal no asegura estos pagos, la eventual aprobación del
Presupuesto carecerá de una legitimidad política y territorial real.
Objetivos del gobierno y rol de la negociación
El proyecto de ley de Presupuesto 2026 tiene como meta central la consolidación del equilibrio fiscal, buscando eliminar el financiamiento estatal mediante la emisión monetaria o la toma de nueva deuda. A la par de asignar recursos a áreas clave (salud, educación, seguridad y defensa), el Ejecutivo busca impulsar otras herramientas legislativas, incluyendo la ley de “Inocencia Fiscal”, una reforma laboral y la actualización de códigos penales.
Para lograr estos objetivos, el Gobierno cuenta con la reciente reconfiguración de sus bancadas en el Congreso, pero requiere indispensablemente el voto favorable de los legisladores provinciales. En este tablero de ajedrez, el ministro de Interior, Diego Santilli, ha asumido el rol de interlocutor directo con los mandatarios provinciales, en lo que se vislumbra como una ronda de negociaciones sumamente tensa y determinante.
