El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en el ojo de la tormenta tras una serie de declaraciones que, en el intento de calmar los mercados, terminaron por exponer una grave vulnerabilidad en la independencia del INDEC. El funcionario admitió públicamente haber accedido a datos confidenciales del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) antes de su publicación oficial, lo que constituye una violación al secreto estadístico.
Una "desmentida" que confirma la filtración
Para contrarrestar las versiones que indicaban que el nuevo índice arrojaba una inflación superior al 3% para enero, el ministro aseguró que la cifra era, en realidad, un punto inferior a la medición del sistema antiguo. Sin embargo, esta defensa dejó al descubierto dos problemas centrales:
1.Acceso anticipado: La publicación oficial está prevista para el 10 de febrero. Al dar cifras ocho días antes, Caputo confirmó que maneja información sensible antes que el resto de la sociedad.
2.Uso discrecional: El IPC no es solo un número; regula desde bonos CER y créditos UVA hasta jubilaciones y alquileres. Anticipar este dato otorga una ventaja indebida a operadores financieros, afectando la transparencia del mercado.
Guerra de cifras: ¿2,5% o 3,4%?
A pesar de los esfuerzos oficiales por instalar que el nuevo IPC favorecía al Gobierno, diversas fuentes y medios de comunicación sostienen una versión opuesta. Mientras Caputo hablaba de una inflación cercana al 2,5%, analistas y fuentes internas del organismo —según trascendió en medios como Mitre y Clarín— indican que el cálculo real se ubicaba entre el 3,1% y el 3,5%.
"El dato todavía es impreciso porque el proceso de elaboración no ha concluido, lo que hace aún más cuestionable que el ministro difunda una cifra definitiva", señalan fuentes cercanas al organismo técnico.
El impacto de las tarifas y el "freno" al nuevo índice
La controversia radica en que el nuevo sistema de medición tiende a reflejar con mayor fuerza los aumentos de tarifas, un rubro que fue determinante durante el mes de enero.
Históricamente, la actualización de la metodología de consumo ha sido postergada por distintas gestiones debido a que suele arrojar resultados más elevados que la medición basada en la canasta de 2004.
La renuncia de Marco Lavagna y la asunción de Pedro Lines se dan en este clima de tensión, donde la credibilidad de las estadísticas públicas argentinas vuelve a estar en el centro del debate político y económico.
