La Cámara de Senadores de la Nación lleva adelante la discusión de una iniciativa legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo que pretende introducir reformas estructurales en la administración y tenencia de tierras rurales en la Argentina. Bajo el nombre de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", la propuesta avanza en el Congreso mediante dictámenes modificados, aunque todavía se encuentra en proceso de consolidar el respaldo político necesario para su sanción definitiva. El eje de la controversia radica en la eliminación de los parámetros federales de control para delegar la potestad regulatoria de forma directa en los estados provinciales.

Las modificaciones técnicas en los límites de compra

El despacho de mayoría introduce un giro radical respecto del marco normativo actual. La legislación vigente establece que la titularidad foránea de parcelas rurales no puede superar el 15% de la superficie a nivel nacional. El nuevo texto suprime por completo ese techo unificado, otorgándole a cada provincia la autonomía para convalidar, restringir o liberar la enajenación de su suelo conforme a criterios propios.

En sintonía con esta descentralización, la reforma anula la restricción de mil hectáreas por titular en la denominada zona núcleo productiva, un tope que históricamente buscó frenar la concentración de grandes extensiones territoriales. Asimismo, la propuesta deja sin efecto los impedimentos específicos que pesaban sobre los Estados extranjeros para adquirir parcelas en el país, lo que despierta alertas sobre la tutela de sectores sensibles como las áreas de frontera y las cuencas hídricas continentales.

Endurecimiento de desalojos y pautas para expropiaciones

Por fuera del mercado inmobiliario rural, el articulado introduce variantes de peso en los procedimientos de expropiación por utilidad pública, elevando las exigencias normativas para el Estado. De aprobarse, cualquier declaración de esta índole deberá fundamentar rigurosamente criterios de especificidad, proporcionalidad y necesidad, fijando además la obligatoriedad de abonar la indemnización económica correspondiente de manera previa a la toma de posesión del inmueble.

Como novedad jurídica, se contempla la inclusión del lucro cesante dentro del resarcimiento. Esto faculta a los propietarios a exigir compensaciones no solo por el valor fiscal o de mercado del bien, sino por los rendimientos proyectados que dejarán de percibir, abriendo un escenario de potencial judicialización. En lo que respecta a los lanzamientos por falta de pago, la Cámara Alta amplía el término de intimación previa, extendiéndolo de tres a diez días, al tiempo que mantiene las salvaguardas para los asentamientos inscritos en los registros de barrios populares, cuyas órdenes de desalojo permanecen suspendidas por ley hasta octubre de 2032.

La advertencia geopolítica y la defensa de recursos estratégicos

La flexibilización normativa es defendida por el oficialismo como un instrumento clave para dinamizar la llegada de capitales externos y robustecer las reservas en divisas. Sin embargo, la cesión de facultades a los distritos provinciales generó fuertes objeciones desde la perspectiva de la seguridad nacional. Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuestionó la medida advirtiendo que la denominación del proyecto funciona como un atenuante formal para encubrir una reforma profunda a la ley de extranjería.

Paleo sostuvo que "la soberanía hoy no está en juego solo cuando se define quién tiene potestad o dominio sobre ese territorio, sino sobre los recursos críticos o estratégicos de ese territorio", y remarcó que "los países modernos consideran que la soberanía se empieza a proteger desde medidas como estas". En ese marco, recordó antecedentes que reflejan decisiones políticas que implicaron la cesión de espacios estratégicos: la estación espacial china en Bajada del Agrio, cuya cesión fue acordada por 50 años; la estación de espacio profundo de la Unión Europea en Malargüe y el radar de la empresa británico-estadounidense LeoLabs en Tolhuin, Tierra del Fuego.

El referente militar remarcó que las concepciones internacionales modernas ligan directamente la soberanía al control efectivo sobre las capacidades y los recursos críticos del suelo. Al trazar una comparativa con otros marcos regulatorios, Paleo recordó que potencias como Estados Unidos prohíben la adquisición extranjera en franjas fronterizas y evalúan ampliar los filtros, mientras que naciones como Brasil, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, México y China sostienen rigurosos controles estatales y parlamentarios sobre sus activos estratégicos. En ese sentido, planteó que antes de avanzar con la desregulación territorial, el Congreso debería priorizar el debate de una ley de protección de activos estratégicos nacionales, un instrumento ausente en un contexto donde, además, la directiva de Defensa Nacional lleva cinco años sin ser actualizada.