El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia ante la Justicia Federal por los violentos disturbios registrados en las inmediaciones del Senado durante la jornada legislativa del pasado 6 de agosto. La presentación judicial exige la identificación y detención de quienes participaron, organizaron o instigaron los ataques, al tiempo que califica los hechos como un atentado contra las instituciones democráticas.

Según la presentación ministerial, manifestantes de diversas organizaciones arrojaron piedras y objetos contundentes contra las fuerzas federales —dejando efectivos heridos— y causaron considerables destrozos en la infraestructura pública y vehículos. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo de los actos violentos fue generar un clima de estrépito para entorpecer el normal funcionamiento de la Cámara Alta.

Imputaciones y medidas solicitadas

Calificación legal: Los hechos fueron encuadrados bajo las figuras de daño agravado, resistencia a la autoridad, atentado agravado a la autoridad y atentado al orden constitucional y democrático.

Peritaje de daños: Se solicitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Congreso un informe detallado sobre los destrozos y la valuación del perjuicio económico generado.

Pruebas y registros: La denuncia requiere el relevamiento urgente de material audiovisual para identificar a los involucrados y detectar el uso de artefactos incendiarios u otros elementos contundentes.

Foco en las organizaciones: La Justicia buscará determinar la responsabilidad de las agrupaciones políticas, sindicales y sociales en la planificación e instigación de los desmanes.