El trágico colapso glaciar registrado en la región fronteriza entre China y Nepal, que dejó cientos de víctimas fatales y severas destrucciones materiales, reavivó la controversia en la Argentina en torno a las recientes modificaciones aplicadas a la Ley Nacional de Protección de Glaciares (Ley 26.639). Distintas organizaciones ambientales y especialistas del sector científico advierten que la desregulación impulsada para favorecer desarrollos extractivos en la cordillera expone a las comunidades y a las fuentes hídricas a riesgos severos en un contexto de transformación climática global.

La reforma legislativa aprobada este año faculta a las administraciones provinciales a autorizar emprendimientos mineros en sectores periglaciales bajo el criterio de evaluar si constituyen o no reservas hídricas estratégicas. Esta medida es objetada por referentes de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA), Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quienes sostienen que habilita decisiones discrecionales que vulneran la preservación de cuencas fundamentales. Las entidades remarcan que las intervenciones con explosivos y la instalación de diques de cola para residuos mineros en zonas con actividad sísmica elevan exponencialmente las posibilidades de filtraciones de sustancias nocivas hacia acuíferos subterráneos y el eventual colapso de infraestructuras artificiales.

En el plano histórico, los expertos recordaron antecedentes de crecidas y desbordes glaciares acontecidos en el territorio nacional, como los episodios registrados en Cacheuta (Mendoza, 1934), Los Erizos (San Juan, 2005) y el colapso del Ventisquero Negro en el Parque Nacional Nahuel Huapi en 2009. Frente a este panorama, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) recalcaron la imperiosa necesidad de reforzar el monitoreo constante sobre los fenómenos de vaciamiento de lagos glaciares (GLOF) mediante un mayor nivel de estudio técnico e inversión en prevención.

Actualmente, las agrupaciones ambientalistas se encuentran a la espera de una resolución judicial tras haber presentado una acción de amparo colectivo solicitando la inconstitucionalidad de la norma modificatoria. La presentación judicial, que cuenta con el respaldo explícito de la provincia de La Pampa y miles de firmas ciudadanas, busca paralizar la implementación de la nueva reglamentación basándose en fallos previos del Máximo Tribunal que ratificaron la condición de los glaciares como bienes públicos de protección prioritaria frente a intereses comerciales o industriales.