Fernando Barros, comerciante de la ciudad, presentó un proyecto de comunicación al Concejo Deliberante buscando que se establezca algún tipo de alivio para el elevado costo que representa para comerciantes y pymes locales la obligación de certificar anualmente la puesta a tierra de sus instalaciones.
La iniciativa, ingresada por Mesa de Entrada bajo el Expte. N° 341/26 y con la firma del comerciante Luis Fernando Barros, expone las dificultades concretas que enfrenta el sector comercial para acatar la normativa nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19.587 y Resolución SRT N° 900/15), la cual exige mediciones y protocolos anuales firmados por profesionales matriculados.
Escasez de profesionales y costos desproporcionados
Si bien el proyecto aclara que no se cuestiona la validez ni la importancia de la norma en materia de prevención y seguridad física para empleados y clientes, pone el foco en las distorsiones del mercado local. La baja disponibilidad de ingenieros y técnicos habilitados en la zona genera un escenario de concentración de la oferta, resultando en precios elevados e uniformes que impactan con severidad en la facturación de micro y pequeñas empresas.
Para fundamentar la necesidad de intervención municipal, la propuesta cita jurisprudencia constitucional y dictámenes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), recordando que las exigencias administrativas deben guardar proporcionalidad con el fin perseguido para no transformarse en una "prohibición encubierta" del ejercicio del comercio.
Las medidas propuestas al Ejecutivo
Al tratarse de una regulación de alcance nacional que el Municipio no puede derogar, la propuesta plantea utilizar el poder de policía y la capacidad de gestión local para articular soluciones graduales. Entre los puntos principales elevados al Honorable Concejo Deliberante se destacan:
• Gestión de oferta profesional: Solicitar al Ejecutivo que gestione ante el Colegio de Ingenieros y/o Técnicos de Neuquén la ampliación de la nómina de matriculados habilitados en Plaza Huincul y localidades vecinas, además de confeccionar un registro público con datos de contacto para fomentar la competencia y la transparencia.
• Aranceles sociales y convenios: Promover, junto a la Cámara de Comercio, Industria y Producción local, acuerdos de valores diferenciados o campañas de certificación conjunta para abaratar el costo individual.
• Categorización por Matriz de Riesgo: Diferenciar los requisitos exigidos según el tamaño del local, la potencia eléctrica contratada y el nivel de peligrosidad (bajo, medio o alto riesgo), simplificando el trámite para pequeños comercios.
• Régimen de Adecuación Transitoria: Otorgar un periodo de gracia de 12 a 18 meses para comercios consolidados que deban regularizar sus instalaciones, permitiéndoles operar con un permiso condicional mientras ejecutan un plan de obras gradual.
• Esquema especial para microemprendimientos: Establecer un régimen simplificado para locales de hasta 80 m² y de baja peligrosidad, contemplando la exención de tasas o la aceptación de certificados emitidos por electricistas matriculados en lugar de protocolos de ingeniería complejos.
El articulado contempla un plazo no mayor a 90 días para que el Departamento Ejecutivo Municipal informe al cuerpo legislativo sobre las gestiones y avances realizados en la materia.
