La controversia judicial en torno al endeudamiento contraído por la Argentina en 2018 volvió al centro del escenario institucional. El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal para revocar el archivo definitivo del expediente interpuesto previamente por la Justicia Federal y exigir que se profundice la investigación contra el expresidente Mauricio Macri y los principales funcionarios económicos de su administración.

El dictamen fiscal cuestionó de forma directa la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes el pasado 4 de septiembre habían ratificado la clausura del expediente dispuesta originalmente por la jueza María Eugenia Capuchetti. Según fundamentó Agüero Iturbe, la decisión de cerrar las actuaciones implicó un «cierre prematuro» y «arbitrario», al haberse dictado cuando aún existían múltiples medidas probatorias y diligencias de instrucción pendientes que habían sido formalmente promovidas por el Ministerio Público Fiscal.

En su presentación, el representante del Ministerio Público enfatizó que frente a una denuncia que reúna elementos mínimos de seriedad y verosimilitud, los magistrados no pueden archivar la causa por inexistencia de delito sin antes llevar a cabo las pericias y medidas requeridas para circunscribir la responsabilidad penal de los imputados. A su vez, rebatió los argumentos de la alzada que le exigían precisar las figuras delictivas, remarcando un principio técnico del derecho procesal: en materia penal se investigan hechos concretos y no calificaciones legales abstractas.

El eje central del reclamo radica en la necesidad de determinar la trazabilidad real de las divisas ingresadas al circuito financiero nacional tras la aprobación del crédito internacional por parte del FMI, el cual inicialmente contempló un desembolso de cerca de US$ 50.000 millones y luego se amplió hasta los US$ 57.100 millones. La fiscalía sostiene que la investigación no debe limitarse a la recopilación de informes macroeconómicos generales suministrados por el Banco Central, la SIGEN o la Auditoría General de la Nación, sino que debe analizar si existieron maniobras de administración fraudulenta, abuso de autoridad o un esquema articulado entre funcionarios estatales y operadores privados que derivara en la fuga de capitales o la formación de activos externos.

Respecto del argumento esgrimido por la defensa y los camaristas sobre el tiempo transcurrido desde el inicio de las denuncias, el fiscal argumentó que el mero paso de los años no constituye una causal suficiente para clausurar el proceso, en tanto no se encuentre acreditada la prescripción de la acción penal ni se haya vulnerado el principio del plazo razonable. Bajo esa premisa, remarcó que cualquier freno a la pesquisa resulta extemporáneo y carente de sustento técnico.

Tras el recurso interpuesto por el Ministerio Público, la decisión final sobre la continuidad de la instrucción penal quedó radicada en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky serán los encargados de evaluar los agravios expuestos y resolver si convalidan el archivo definitivo o si, por el contrario, ordenan reabrir las actuaciones para investigar la responsabilidad del expresidente Macri y de los exfuncionarios involucrados en la negociación, entre los que se figuran Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.