Una preocupante hemorragia de personal afecta a las Fuerzas Armadas y de Seguridad federales, con al menos 2.273 agentes que abandonaron sus filas entre enero y junio de 2025. Esta cifra, calificada de alarmante por fuentes internas, refleja un profundo malestar impulsado principalmente por salarios insuficientes y graves deficiencias en la atención de las obras sociales.
La crisis se hace sentir en todas las ramas: el Ejército perdió 257 agentes, la Armada 234 y la Fuerza Aérea 193. En cuanto a las fuerzas de seguridad, Gendarmería registró 386 bajas, Prefectura Naval 322, la Policía Federal 412, la Policía de Seguridad Aeroportuaria 177 y el Servicio Penitenciario Federal 292.
Las razones detrás del éxodo
La principal causa de este masivo éxodo, según coinciden los propios efectivos, es el deterioro de las condiciones laborales. Los salarios iniciales son tan bajos que, para los jóvenes destinados a ciudades como Buenos Aires, resultan insuficientes para cubrir alquileres y el costo de vida digno, lo que los empuja a regresar a sus provincias de origen en busca de oportunidades en policías locales o el sector privado.
El otro factor crítico es la deficiente atención médica que brindan las obras sociales de las fuerzas. En el caso de las tres Fuerzas Armadas, Gendarmería y Prefectura, el servicio recae en IOSFA. Para la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal, existen prestadores diferentes en cada provincia. Los problemas se agudizan notablemente fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
A pesar de que los descuentos por obra social pueden alcanzar los $300.000 mensuales, en muchas provincias la escasez de prestadores es crítica. Esto obliga a los afiliados a esperar meses por un especialista o a costear tratamientos de forma particular. Similar situación ocurre con la cobertura de medicamentos. Los prestadores atribuyen estas falencias a la baja cápita que Nación paga por afiliado y a los prolongados atrasos en los pagos.
Quejas de retirados y un sistema en crisis
El malestar no se limita al personal en actividad; también se extiende a los efectivos retirados, quienes denuncian un "abandono sanitario" por parte de sus obras sociales nacionales, falta de contención y un sistema de salud con enormes disparidades jurisdiccionales. Muchos de ellos, tras décadas de servicio, se ven obligados a recurrir a servicios públicos colapsados o a pagar de su bolsillo estudios y tratamientos esenciales.
Un retirado de la Fuerza Aérea residente en Buenos Aires relató a este medio que la situación se agravó con la decisión gubernamental de unificar las obras sociales de varias fuerzas en una sola, IOSFA, que hoy debe atender a 600.000 afiliados en todo el país. "A mí, que soy retirado, me descontaron este mes $200.000 para la obra social, equivalente al 8% de mis haberes mensuales. Y a los que están en actividad les descuentan el 4%. Nosotros preferimos que se vuelva al estado anterior, cada arma con su obra social. En nuestro caso era OSFA, Obra Social de la Fuerza Aérea, y durante décadas todo marchaba a la perfección. Ejército tenía su obra social, Marina (Armada) su obra social, etc. Pero los políticos decidieron, para agrandar la caja, unir todo y allí se vino todo abajo.
Desde mi punto de vista, fue un error garrafal juntar las tres fuerzas en una sola y ahora estamos pagando los usuarios el costo", expresó.
La profunda crisis que atraviesan las fuerzas de seguridad y militares plantea un desafío urgente para el gobierno, que deberá buscar soluciones ante la constante pérdida de personal y el creciente descontento.
