Un hallazgo documental clave ha vuelto a poner bajo la lupa la legitimidad de la ocupación británica en el Atlántico Sur. Se trata de un registro administrativo de 1813 que demuestra que, décadas antes de la invasión de 1833, navegantes ingleses ya reconocían formalmente la autoridad de las Provincias Unidas del Río de la Plata sobre las Islas Malvinas.
El capitán que pidió permiso a Buenos Aires
El epicentro de este descubrimiento es una solicitud presentada el 30 de enero de 1813. En ella, el capitán británico Henry Jones, al frente del bergantín “El Rastrero”, acudió ante las oficinas de la Aduana en Buenos Aires para pedir autorización legal. Su objetivo era realizar actividades extractivas (caza de lobos marinos) en las costas de las islas.
Este gesto, lejos de ser un trámite menor, representa una admisión tácita de jurisdicción: un oficial inglés reconociendo que para operar en Malvinas debía someterse a las leyes y permisos del naciente Estado argentino.
Tres puntos clave que refuerza este hallazgo:
A solo tres años de la Revolución de Mayo, el gobierno nacional ya fiscalizaba y regulaba la actividad económica en el archipiélago, demostrando una administración activa y pacífica.
El documento deja en evidencia que, tras retirarse de Puerto Egmont en 1774, el Reino Unido no impugnó la soberanía argentina durante más de medio siglo, aceptando de hecho la autoridad de Buenos Aires.
Este permiso de 1813 enlaza el control heredado de España con la gestión de las Provincias Unidas, formando una cadena de derechos ininterrumpida que el colonialismo de 1833 intentó quebrar por la fuerza.
La verdad histórica contra el uso de la fuerza
Para los especialistas, el caso del capitán Jones es la "piedra angular" que desarma la narrativa de Londres sobre una supuesta soberanía previa. La evidencia confirma que las
Malvinas no eran un territorio en disputa ni abandonado, sino un espacio bajo control institucional argentino.
Ante el escenario internacional, este documento no solo es una pieza de museo, sino una prueba jurídica contundente que ratifica que la presencia británica actual es el resultado de un despojo y no de un derecho histórico legítimo.
