El proceso judicial que busca determinar las responsabilidades penales por el hundimiento del submarino ARA San Juan e ingresa en su etapa decisiva. A partir de las 9:00 de este lunes, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz escuchará los argumentos de las defensas de tres de los cuatro militares retirados que se encuentran imputados, abriendo camino a la resolución del caso que podría anticiparse esta misma semana.
El tribunal, presidido por el juez Mario Reynaldi junto a Luis Giménez y Enrique Baronetto, culminará la ronda de alegatos que comenzó la semana anterior. Tras completarse las exposiciones y otorgar el derecho a las últimas palabras de los acusados el miércoles, los magistrados quedarán habilitados para dictar el adelanto del veredicto, posponiendo la lectura de los fundamentos completos para el mes siguiente.
Las estrategias de las defensas
En la jornada de hoy, los abogados Ricardo Gastón Morillo (representante del contralmirante retirado Luis López Mazzeo) y Leticia Diez (defensora pública del capitán de navío retirado Héctor Alonso y del capitán de fragata retirado Hugo Correa) presentarán sus objeciones a la acusación estatal.
La estrategia defensiva apuntará a señalar que el Ministerio Público Fiscal no consiguió demostrar un nexo causal claro: argumentarán que la fiscalía omitió explicar de qué manera los supuestos incumplimientos de funciones elevaron el peligro de la navegación o incidieron directamente en el naufragio que costó la vida de los 44 tripulantes.
Este planteo se alinea con lo expuesto la semana pasada por Juan Pablo Vigliero, defensor del ex capitán de navío Claudio Javier Villamide, quien solicitó la nulidad de los cargos y la absolución. Vigliero hizo hincapié en que, al no conocerse con rigor científico el desencadenante exacto de la implosión ocurrida el 15 de noviembre de 2017 a 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia, resulta jurídicamente inviable atribuir culpas sobre un escenario desconocido.
Los pedidos de pena de la fiscalía
Los fiscales a cargo de la causa —Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán— sostienen que los cuatro exoficiales actuaron como garantes de la seguridad de la dotación y fallaron en sus deberes al autorizar la misión de control de pesca e inspección en Ushuaia bajo "deficientes condiciones de mantenimiento". Para la acusación, los imputados debieron haber cancelado o restringido la salida de la nave debido a fallas técnicas previas, como un ingreso de agua reportado cuatro meses antes.
Bajo los cargos de estrago culposo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el Ministerio Público solicitó las siguientes condenas:
Luis López Mazzeo (excomandante de Adiestramiento y Alistamiento): 5 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Claudio Javier Villamide (excomandante de la Fuerza de Submarinos): 5 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Héctor Alonso (exjefe de Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos): 4 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Hugo Correa (exjefe de Operaciones de la Fuerza de Submarinos): 3 años y 6 meses de prisión.
Sin el peso de las querellas particulares
A pesar de que las dos querellas integradas por los familiares de las víctimas —una unificada bajo la representación de Valeria Carreras, Lorena Arias y Fernando Burlando, y otra impulsada por Luis Tagliapietra— solicitaron penas de cumplimiento efectivo, sus pedidos fueron desestimados por el tribunal. Debido a una omisión procesal durante la etapa de instrucción, donde ninguna de las partes damnificadas presentó el requerimiento formal de elevación a juicio, sus acusaciones particulares quedaron sin efecto legal para fundamentar una condena.
Los últimos momentos del submarino
A lo largo de las casi 30 audiencias desarrolladas en Río Gallegos desde marzo pasado, el tribunal recopiló abundante documentación técnica y testimonios de especialistas y submarinistas.
En el debate se reconstruyó que la última señal de la nave se dio tras una comunicación telefónica a las 7:19 del 15 de noviembre entre el teniente Fernando Villarreal y el acusado Hugo Correa, donde se reportó que el comandante Pedro Martín Fernández planeaba descender a plano profundo para controlar los daños de un principio de incendio en el tanque de baterías y dar descanso a la tripulación tras capear un fuerte temporal. Horas después, a las 10:52, la unidad sufrió la pérdida de control y posterior colapso, siendo localizada un año más tarde a más de 900 metros de profundidad.
