El Ministerio Público Fiscal solicitó ante la jueza de ejecución Raquel Gass la ampliación de 30 cupos para alojar detenidos en la Unidad de Detención Nº 11. El pedido se basó en que se finalizó la obra del pabellón 8 a la que fueron trasladados los detenidos de otros dos pabellones que se están reparando. En un plazo de 15 días se podrían alojar 15 detenidos y a fines de mayo otros 15 en esos pabellones, una vez finalizadas las obras. Los trasladados corresponden a condenados que están cumpliendo su detención en comisarías que se encuentran excedidas en su capacidad.

El Ministerio Público de la Defensa se opuso a esta solicitud, ya que al iniciarse el hábeas corpus en el año 2022 el cupo real de la U11 era para 233 detenidos y actualmente hay 266 internos superando en varios pabellones el máximo que establecen las normas.

La jueza de ejecución, Raquel Gass, destacó que no es el Poder Judicial quien debe resolver la situación de sobrepoblación carcelaria en la que se encuentra la provincia, su función es la de controlar el estado en el que se encuentran alojadas las personas privadas de la libertad. La responsabilidad es del Poder Ejecutivo, quien administra las cárceles y comisarías. Destacó, además, que para resolver el problema no se pueden realizar traslados si no se habilitan nuevos cupos y desde que se inició la acción de hábeas corpus en el año 2022 hasta la fecha no se amplió ningún nuevo cupo en la U11. La ampliación del cupo con plazas ficticias no es una solución.

Como una medida excepcional, dada las malas condiciones en las que se encuentran los detenidos en comisarías, se evaluará la posibilidad de ampliar el cupo tal como solicita la fiscalía, sin embargo, debido a que aún no están en condiciones los dos pabellones que se están reparando, la jueza resolvió que una vez terminadas las obras y luego de que el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Comité Provincial Contra la Tortura controlen el estado de los mismos, se programe una nueva audiencia para evaluar si existe posibilidad de trasladar los primeros 15 detenidos en comisarías.