El juez de garantías Juan Pablo Balderrama homologó el acuerdo pleno alcanzado entre la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y los defensores de dos imputados en la causa de la estafa con planes sociales. De esta forma Rodolfo López y Adrián Meza Lizama fueron condenados a una pena de tres años de prisión condicional.

Ambos fueron declarados penalmente responsables por integrar una asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de crédito sin la debida autorización. También deberán respetar una serie de reglas de conductas impuestas por Balderrama y 12 horas mensuales de trabajo comunitario durante los tres años.

La decisión se dio a conocer en una audiencia desarrollada esta mañana, en la cual el magistrado manifestó que “el juez penal en los procedimientos abreviados tienen una función compleja porque, por un lado, tenemos que visualizar que efectivamente estén correctamente asistidos, que posean una defensa eficaz, que comprendan los alcances, que los imputados asuman la responsabilidad de los hechos y sepan qué pena se les va a imponer”.

“El otro elemento –continuó- es tomar toda la información y pensar que habría ocurrido en un juicio, evaluar si con el rendimiento de esa información aportada por los acusadores, y determinar si suficiente para declarar la responsabilidad”. En ese sentido, consideró razonable el acuerdo presentado dentro de los términos previstos por el código procesal penal.

Previamente, el magistrado se refirió a los antecedentes del caso y manifestó que “muchas veces reclamamos y ponemos sobrevalor a los principios del procedimiento penal, es decir, celeridad, economía procesal, efectividad en la resolución del conflicto. Entonces, cuando observamos la posibilidad de solucionar el conflicto primario, debemos hacerlo”.