La trata de personas a nivel mundial ha experimentado un repunte preocupante entre 2023 y 2024, superando los niveles prepandemia y evidenciando una creciente vulnerabilidad, especialmente entre la población infantil. Un reciente informe global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que el 38% de las víctimas son menores de edad, con niñas predominantemente explotadas sexualmente y niños forzados a trabajos peligrosos o actividades criminales.
Tras una breve disminución durante los confinamientos más estrictos por COVID-19, la cantidad de víctimas detectadas a nivel global se disparó un 25% en 2022 en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. En 2023, se identificaron al menos 133.943 víctimas, un incremento del 16% respecto al año previo. Este aumento viene acompañado de una expansión geográfica del delito, con redes criminales que operan con mayor sofisticación y a escala transnacional, aprovechando las debilidades en los sistemas de control estatal.
Nuevas formas de explotación y la "Trata 2.0"
Aunque aún representan una porción menor (entre el 5% y el 8% de los casos), formas emergentes de trata, como la explotación criminal (reclutamiento para ilícitos como fraudes cibernéticos), el tráfico de órganos y la mendicidad forzada, implican niveles de violencia física y psicológica particularmente elevados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que al menos 28 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso, una cifra que supera incluso la de explotación sexual. Sin embargo, muchas de estas situaciones de servidumbre laboral permanecen invisibles debido a su "naturalización" y a la inacción o complicidad de actores estatales y empresariales. Los sectores más afectados por el trabajo forzado incluyen la agricultura, minería artesanal, pesca industrial, construcción, servicio doméstico y las economías de plataforma, donde las relaciones laborales se disfrazan bajo falsas promesas.
La era digital ha abierto un nuevo y peligroso frente: la "trata 2.0". Las redes criminales han migrado al entorno virtual, adaptando sus métodos de captación al uso masivo de redes sociales, aplicaciones de citas, servicios de mensajería y plataformas de streaming. Mediante perfiles falsos y engaños en línea, logran reclutar víctimas a distancia para diversas formas de explotación.
Además, el uso de criptomonedas y la dark web facilita los pagos ilícitos y el ocultamiento de transacciones, dificultando el rastreo por parte de las autoridades.
Organismos internacionales han alertado sobre un incremento alarmante de la trata digital, con casos de mujeres, adolescentes y niños forzados a realizar actos sexuales transmitidos por webcam o a participar en estafas virtuales, especialmente detectados en el sudeste asiático, África occidental y Europa del Este.
Convergencia con el narcotráfico y desafíos para los Estados
Desde la Fundación Alameda, en un informe difundido este miércoles por el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas, explican que "este desdibujamiento de las fronteras entre trata física y virtual implica que las redes criminales ya no necesitan trasladar físicamente a las víctimas para explotarlas, lo que les permite maximizar ganancias con menor riesgo de detección. Al mismo tiempo, se consolidan estructuras criminales polifuncionales, donde la trata de personas se entrelaza con otras economías ilícitas".
Se estima que alrededor del 74% de las redes transnacionales de trata tienen vínculos con el narcotráfico, compartiendo corredores logísticos e infraestructura. Carteles de drogas en Latinoamérica, Asia y Europa del Este han incorporado la explotación sexual y laboral como fuente paralela de ingresos y control territorial, utilizando las mismas rutas para el contrabando de personas y estupefacientes, y sometiendo a poblaciones vulnerables en zonas marginales. Esta convergencia delictiva potencia la capacidad operativa de las organizaciones criminales y dificulta aún más la acción de los Estados para desmantelarlas.
Casos recientes y factores estructurales
Ejemplos recientes ilustran la magnitud y diversificación del problema:
·En Myanmar (2023-2024), la ONU estima que unas 120.000 personas de diversas nacionalidades asiáticas y africanas fueron forzadas a trabajar en fábricas de estafas digitales y casinos ilegales, sometidas a explotación laboral y fraude cibernético.
·En la isla griega de Samos (2022), un informe de la ONU denunció fallas sistemáticas en la identificación de mujeres víctimas de trata en un centro de detención de migrantes. Al menos 14 mujeres de África occidental, con claras señales de abuso y servidumbre, no fueron reconocidas ni asistidas, exponiéndolas incluso a deportaciones.
·En las rutas migratorias de África hacia Europa, persisten redes que captan mujeres nigerianas para explotación sexual en la Unión Europea, exponiéndolas a altísimos riesgos de letalidad durante el cruce del Sáhara y el Mediterráneo.
·En Centro y Norteamérica, organizaciones criminales transfronterizas en México y el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) aprovechan los flujos migratorios irregulares para captar a menores de comunidades empobrecidas mediante falsas promesas. Con la complicidad de los "coyotes" (traficantes de personas), los explotan sexual o laboralmente en Estados Unidos, utilizando las mismas rutas clandestinas del narcotráfico.
La rentabilidad de la trata se ve alimentada por factores estructurales como el aumento de la pobreza y el desempleo tras la pandemia, los conflictos armados y los desastres climáticos que impulsan migraciones forzadas, además de la rápida adaptación de las redes criminales a los esfuerzos de control.
"La expansión de esta esclavitud contemporánea plantea enormes desafíos a la comunidad internacional, que ha renovado sus compromisos para intensificar la cooperación y brindar una respuesta integral al fenómeno", alertan desde Fundación Alameda. Sin embargo, como advierte el informe global de la UNODC, a pesar de los avances legislativos en muchos países, "los tratantes siguen encontrando grietas en los sistemas de prevención, en la protección de las víctimas y en la persecución penal. Aprovechan cada cambio social y tecnológico para reforzar sus métodos, expandirse y perpetuar sus delitos con impunidad".
