Un megaoperativo conjunto de autoridades provinciales y nacionales destapó un grave caso de explotación laboral y delitos ambientales en una propiedad de la empresa La Isabelina S.A., vinculada al Grupo Vicentín. La intervención, realizada en un predio rural de Pozo Borrado, en el norte de Santa Fe, reveló que más de 30 personas, incluidos dos adolescentes, vivían y trabajaban en condiciones de precariedad extrema.

El operativo, que se inició a principios de septiembre, encontró a los trabajadores en campamentos rudimentarios, sin acceso a agua potable ni sanitarios y durmiendo en el suelo. Sus jornadas laborales se extendían hasta diez horas, sin descanso. Esta situación, catalogada como trata de personas, llevó a la intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, así como de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Además del drama humano, el allanamiento confirmó la destrucción de bosques nativos, una actividad ilegal que continuaba a pesar de una advertencia previa del Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe. Las más de 5.000 hectáreas afectadas están protegidas por la Ley de Bosques, lo que agrava la situación legal de la compañía.

La Isabelina S.A., cuyos directivos están ligados a la agroexportadora Vicentín, ahora enfrenta no solo las denuncias por explotación laboral sino también las acusaciones por violar la normativa ambiental. La investigación judicial apunta a figuras clave de la empresa, y el caso añade un nuevo capítulo a la ya compleja situación judicial de Vicentín, que enfrenta un concurso de acreedores y denuncias por defraudación desde 2019.