Un escalofriante caso de abuso sexual intrafamiliar ha salido a la luz en Córdoba, donde tres primas han denunciado al mismo pariente, Bernardo Bazán (imputado en la causa), por ataques que se habrían extendido durante años. Las víctimas, hoy adultas, claman por una intervención judicial inmediata para evitar que la causa prescriba.

Un patrón de violencia intrafamiliar

La primera denuncia fue presentada en septiembre de 2024 por una mujer de 42 años que rompió el silencio sobre un patrón de violencia que, según su testimonio, fue facilitado por un entorno familiar disfuncional.

La denunciante relató que los abusos por parte de su tío comenzaron cuando ella tenía apenas cuatro años y se prolongaron hasta su adolescencia. La mujer confió a El Show del Lagarto que el miedo y la amenaza de que a su hermana menor le sucediera lo mismo la mantuvieron en silencio.

“Él es un monstruo que está suelto, le pido al fiscal que nos escuche, que le haga las pericias, es un pedófilo suelto”, expresó la mujer, quien además admitió haber tenido intentos de suicidio debido al trauma.

Tras su valiente declaración, otras dos primas se sumaron al expediente, detallando haber sufrido ataques similares por parte del mismo hombre en lo que hoy llaman "la casa del terror". La investigación también reveló que una de las víctimas fue presuntamente abusada por un primo, hijo del principal acusado.

Cómplices y miedo por la seguridad

La abogada de las víctimas, Graciela Taranto, subrayó la gravedad del caso al señalar que el acusado "nunca estuvo detenido, pero sí está imputado". Además, la defensa busca que la tía de las víctimas también sea imputada por su supuesta complicidad. Según el relato de las primas, la tía estaba al tanto de los abusos e incluso les habría suministrado "té abortivo".

La denunciante original confesó vivir atemorizada desde que formalizó la acusación, relatando que sufrió una "paliza tremenda" por parte de la tía y que fue amenazada de muerte: “Vivimos con miedo… tenemos miedo de aparecer en un descampado”.

Ante la inminente amenaza de prescripción y la peligrosidad del acusado, la abogada Taranto reclamó un análisis exhaustivo de la prueba y celeridad al Ministerio Público. El pedido unificado de las víctimas es claro: "Que el fiscal no permita que esto pase a mayores, por favor, que actúe ahora y no cuando sea tarde.”