Un grave escándalo de corrupción sacude a la Gendarmería Nacional en la provincia de Córdoba, donde una investigación federal ha destapado una presunta red de extorsión operando en el puesto de control vial de Sampacho, ubicado sobre la Ruta Nacional 8. El caso ya involucra a 23 efectivos de la fuerza, acusados de solicitar sobornos para permitir la libre circulación de camiones.
La Fiscalía Federal de Río Cuarto, dirigida por Rodolfo Cabanillas, maneja la causa. La pesquisa se inició a raíz de la denuncia de un camionero en febrero pasado, que expuso el mecanismo de coimas que se habrían mantenido activos por varios meses.
Según la acusación, los pagos ilegales exigidos a los transportistas oscilaban entre los 50.000 y los 600.000 pesos para evitar la aplicación de sanciones por supuestas fallas o irregularidades en la documentación de las cargas.
El operativo judicial se aceleró el 10 de septiembre, cuando se llevaron a cabo más de 20 allanamientos simultáneos en Sampacho, Holmberg y otras provincias. Estas acciones derivaron en la detención inicial de 14 gendarmes, incluyendo a la primera alférez Analía Galian, quien ejercía la jefatura de la Sección Vial de Sampacho. Otros seis uniformados han sido formalmente apartados de sus funciones.
Modus operandi y situación judicial de los acusados
La dinámica de la red consistía en detener vehículos de carga bajo el pretexto de controles documentales. Una vez interceptados, los agentes presuntamente exigían sumas de dinero para autorizar la continuación del viaje. Los pagos se realizaban de dos maneras:
1.En efectivo: El dinero se entregaba oculto en carpetas o dentro de bolsos.
2.Por transferencia: Los depósitos se hacían a cuentas bancarias de intermediarios, entre ellos un individuo apodado “El Sanjuanino”, quien también se encuentra bajo investigación.
Las pruebas recopiladas han permitido que los 23 efectivos sean formalmente imputados por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad. Actualmente, 13 de los imputados permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Bouwer, mientras que otros dos cumplen arresto domiciliario.
Fuentes cercanas a la investigación sugieren que la trama podría escalar, no descartándose la posibilidad de nuevas imputaciones o la implicación de mandos jerárquicos superiores dentro de la estructura de Gendarmería. Se presume que el circuito de recaudación operó desde mediados de 2024 hasta septiembre de 2025, con una compleja organización interna para alternar la cobranza y la distribución de las ganancias.
