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Un hombre de 33 años fue condenado a 10 años de prisión efectiva en el distrito judicial de Orán por una serie de graves delitos de ciberdelincuencia que afectaron a menores de edad en Metán y la provincia de Buenos Aires.


El juez Raúl Fernando López dictó el veredicto este martes, acogiendo parcialmente el pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, quien había solicitado una pena de 12 años.

Los Crímenes Comprobados


El acusado fue hallado culpable de múltiples delitos en concurso real, utilizando el entorno digital para manipular a sus víctimas:

1.Doble caso de Grooming: En perjuicio de menores en Salta y Buenos Aires.

2.Distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).

3.Autor Mediato de Abuso Sexual Gravemente Ultrajante.

La investigación se inició en 2024 a raíz de una denuncia en Metán, donde el hombre contactó a una menor por redes sociales para solicitarle fotografías íntimas. Rápidamente, la Fiscalía detectó que el imputado estaba involucrado en otro caso similar en Buenos Aires.

El Modus Operandi de la Ciberdelincuencia

Durante la exposición de la fiscal Cornejo en los alegatos, se destacó cómo la tecnología facilitó la comisión de los delitos. Cornejo subrayó que "la falta de contacto físico, el anonimato y la masividad de alcance" crean un "combo perfecto" que permite a los agresores operar con mayor "impunidad y crueldad".
El análisis de los dispositivos incautados al ahora condenado reveló su complejo esquema operativo:

·El hombre poseía 44 chips de teléfono y 5 cuentas de correo electrónico para establecer contacto y vulnerar la integridad de las menores.

·Pudo comprobarse que, mediante el uso coactivo de amenazas, logró que una de las víctimas le enviara videos realizando actos sexuales, material que posteriormente era distribuido.

·Además, se encontró en su poder y distribuía una "importante cantidad" de MASI.

Medidas Complementarias

Además de la condena de 10 años, el juez López ordenó que el hombre sea registrado en el Banco de Datos Genéticos y que se someta a un tratamiento psicológico obligatorio, dadas las características de los hechos imputados.