El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani solicitó investigar el acuerdo entre el municipio de General Pueyrredón y la firma controlada por el Grupo Revee. Mientras la oposición tilda de "tomada de pelo" el anuncio de una inversión de tres millones de dólares que no se ve en el terreno, la Justicia posa la lupa sobre causas de corrupción en la Argentina y Brasil.
El proceso de privatización y explotación del emblemático Estadio Mundialista José María Minella, el Polideportivo de "La Feliz" y las áreas comunes del Parque Municipal de los Deportes ha ingresado en un terreno de extrema complejidad judicial y política. El fiscal federal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, formalizó una denuncia penal con el objetivo de determinar si las autoridades de la Municipalidad de General Pueyrredón incurrieron en maniobras espurias para beneficiar a la firma adjudicataria, Minella Stadium SA, una subsidiaria del holding brasileño Grupo Revee.
La presentación judicial, radicada este lunes 8 de junio, encuadra las acciones bajo las tipificaciones de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la óptica del Ministerio Público Fiscal, el trámite licitatorio adoleció de los estándares mínimos de transparencia administrativa, configurando un riesgo directo y explícito para las arcas de los contribuyentes del distrito costero.
Falta de planos y sospechas de lavado de dinero
En sus declaraciones a emisoras locales, el fiscal Pettigiani fue categórico al señalar las deficiencias del pliego y la opacidad con la que se manejó la adjudicación, advirtiendo que los propios integrantes del cuerpo legislativo comunal fueron marginados de los detalles del convenio. "Los intereses confiados al administrador no fueron gestionados como corresponde, existiendo una aparente intención de desviar los fines públicos", remarcó el funcionario judicial.
No obstante, el componente más explosivo de la denuncia radica en las conexiones internacionales y locales del entramado societario:
·Conexión local (Causa Sur Finanzas): El escrito incorpora reportes periodísticos que entrelazan la licitación del estadio con una causa penal que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a transferencias operadas en clubes del fútbol argentino y terminales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
·Conexión internacional (Lazos con el crimen organizado): A nivel regional, se detectó que el Grupo Revee se originó como el brazo inmobiliario del Grupo REAG, una corporación financiera sometida a un fuerte escrutinio por parte de la Justicia de Brasil. REAG se encuentra en el epicentro de las operaciones "Carbono Oculto" y el "Caso Master", señalada por las autoridades brasileñas como responsable del mayor fraude bancario en la historia de ese país. La gravedad institucional del caso motivó la liquidación extrajudicial de la firma por parte del Banco Central de Brasil en enero pasado y la renuncia en masa de la cúpula de Revee a mediados del mes de mayo.
La controversia por los "millones fantasma"
En el plano puramente operativo, la tensión se incrementó luego de que Minella Stadium SA emitiera un comunicado asegurando haber desembolsado u$s3 millones en concepto de fases preliminares y reacondicionamiento de los complejos deportivos.
La declaración encendió las alarmas y las críticas unánimes en el arco opositor del Concejo Deliberante, desde donde se exige la exhibición inmediata de los contratos y la apertura de los registros contables. El concejal Horacio Taccone, titular de la bancada Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, calificó de insostenibles las afirmaciones de la prestataria: "Es una tomada de pelo sostener que se destinó semejante fortuna en planos y estudios preliminares mientras la infraestructura sigue deteriorada; estamos ante propaganda de algo que en la realidad no existe".
En el mismo sentido se pronunció Diego García, edil de Unión por la Patria, quien manifestó su asombro ante la supuesta inversión y remarcó que la empresa concesionaria continúa postergando la entrega del plan de obras obligatorio, un paso elemental que debió preceder a cualquier tipo de movimiento financiero. Con este trasfondo de obras invisibles e investigaciones por delincuencia económica a ambos lados de la frontera, el futuro del principal polo deportivo marplatense queda bajo la estricta tutela de los tribunales federales.
