El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 466/2025 firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó este miércoles la derogación de dos programas clave que habían sido implementados por el extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La medida, publicada en el Boletín Oficial, justifica la decisión en base a supuestas "irregularidades" detectadas.
Las resoluciones derogadas son la 575/2021 y la 55/2022, lo que implica la eliminación del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que abordan temáticas de género y diversidad, y del Programa Acercar Derechos, destinado a personas en situación de violencia por motivos de género. Según el Gobierno, ninguno de estos programas "brindaba una respuesta adecuada a las mujeres víctimas de violencia de género".
La decisión se fundamenta en un informe de la Unidad de Auditoría Interna del ex Ministerio de Género. El documento señala graves deficiencias: solo el 38% de los casos asistidos no contaban con acciones de abordaje o seguimiento, el 75% de las acciones activas no se actualizaban desde hacía más de seis meses, y el 26% de los expedientes carecía de estrategias integrales de intervención.
Además, se reportaron déficits en la documentación de respaldo, registros sin firma profesional y desconexión entre sistemas primarios y auxiliares de carga.
En el marco de esta resolución, el Ministerio de Justicia de la Nación instruyó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Subsecretaría de Gestión Administrativa para que garanticen la efectiva aplicación de la derogación, acorde a las nuevas competencias tras la reforma ministerial. La auditoría concluyó que el sistema de seguimiento de asistencias y supervisión de actuaciones no era suficiente para mitigar riesgos de cumplimiento y control.
Esta acción se enmarca en el proceso de reorganización del Estado que impulsa la gestión libertaria, bajo el amparo de la Ley Bases (Ley 27.742), que otorga facultades excepcionales para reducir estructuras y controlar el gasto.
Semanas atrás, el Gobierno ya había suprimido con el Decreto 436/2025, artículos centrales de dos leyes que promovían políticas públicas sobre violencia de género y educación vial en el ámbito escolar. Esa medida, impulsada por el presidente Javier Milei y refrendada por Guillermo Francos y Sandra Pettovello, disolvió el Observatorio de la Educación Vial y suprimió la jornada obligatoria
"Educar en Igualdad" en todo el sistema educativo. En concreto, se eliminaron el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, argumentando que sus competencias ya no deberían recaer sobre el Gobierno nacional.
