El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un ambicioso plan de financiación para Argentina por un total de USD 10.000 millones a lo largo de tres años, de los cuales USD 3.000 millones se desembolsarán durante 2025. Si bien el organismo multilateral respaldó el rumbo económico del Gobierno, también emitió una clara advertencia sobre la fragilidad de las reservas del Banco Central y la falta de apoyo político para la aprobación de reformas cruciales en el Congreso.
Según un comunicado del BID, el directorio dio luz verde a una "hoja de ruta elaborada junto con el Gobierno argentino para apoyar al país a consolidar su transformación y fortalecer un modelo de desarrollo sostenido y resiliente". Los fondos se distribuirán en tres pilares estratégicos: reformas fiscales y mejora de la administración tributaria; medidas para la "liberalización de la economía" que busquen destrabar la inversión privada; y programas orientados a acelerar la reducción de la pobreza.
Viviana Alva-Hart, representante del BID en Argentina, reafirmó el compromiso a largo plazo del organismo: "Trabajaremos junto al Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales para promover un crecimiento económico sostenido y resiliente liderado por el sector privado, que contribuya a la creación de empleos de calidad, la reducción de la pobreza y una mayor conectividad con alto retorno social".
Por su parte, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, celebró la decisión, afirmando que "la aprobación de esta estrategia es un respaldo claro a las prioridades del Gobierno del presidente Javier Milei: equilibrio fiscal, apertura económica y fortalecimiento institucional. Este paquete de apoyo del Grupo BID contribuirá a consolidar las reformas estructurales en marcha y a continuar promoviendo un entorno más dinámico y previsible para la inversión privada, que es el verdadero motor del crecimiento sostenido y la generación de empleo genuino en la Argentina".
Desafíos persistentes y riesgos latentes
A pesar del apoyo financiero, el BID, presidido por el economista brasileño Ilan Goldfajn, no eludió señalar los obstáculos estructurales que Argentina aún enfrenta. El organismo recordó que el país ha experimentado un bajo crecimiento desde 2010, atribuido al "retroceso del sector privado y la muy elevada inestabilidad macroeconómica", factores que llevaron a un aumento del 7,8% en la pobreza por ingresos entre 2016 y 2024. El informe destacó que la aceleración inflacionaria respondió "principalmente a la continua expansión monetaria de origen fiscal y cuasi fiscal", aunque reconoció los recientes avances en la consolidación fiscal, que permitieron "alcanzar el primer superávit fiscal tras 14 años de déficit".
En el plano social, el BID enfatizó que el principal reto sigue siendo la reducción de la pobreza, que "ha oscilado entre 25% y 53% en los últimos 20 años". La entidad advirtió sobre la persistencia de una elevada tasa de indigencia, con un pico del 18,1%, y alertó que "más de la mitad de los niños entre 0 y 14 años se encuentran en situación de pobreza". También destacó una tasa de informalidad laboral del 36,1%.
El informe del BID también apuntó a la baja tasa de innovación en Argentina y la disminución de empresas exportadoras de bienes, de 14.444 a 9.567 en 14 años. En este contexto, la agenda oficial combina consolidación fiscal y desregulación económica a corto plazo con reformas de mediano y largo plazo. El organismo multilateral se comprometió a asistir en los esfuerzos gubernamentales para "contribuir a la sostenibilidad fiscal y mejorar la eficiencia general del sistema tributario", con foco en reducir la dependencia de "impuestos distorsivos" y eliminar exenciones.
Entre los riesgos relevantes identificados, de origen fiscal, externo y político, el BID enfatizó la fragilidad de la posición de liquidez externa (falta de reservas) y la ausencia de mayorías legislativas, lo que podría prolongar los tiempos de aprobación de reformas clave. Además, advirtió sobre la posibilidad de "fatiga social ante medidas de ajuste", la vulnerabilidad a shocks externos que deterioren los términos de intercambio o las condiciones financieras internacionales, y el impacto potencial de shocks en el refinanciamiento de deuda en pesos sobre el resultado financiero y el margen fiscal.
