Apenas diez días después de anunciar el desmantelamiento de Vialidad Nacional, el gobierno enfrentó un revés en la justicia. La jueza Martina Forns dictó una medida cautelar que frena temporalmente la implementación del decreto que disolvía el organismo. Sin embargo, la respuesta del Poder Ejecutivo no se hizo esperar: el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves vía X que el gobierno apelará la decisión.

Esta suspensión judicial, impulsada por un pedido del gremio SEVINA, impide por seis meses cualquier acción administrativa derivada del Decreto 461/2025.

Lo que implica el Fallo de la Jueza Forns

La magistrada Forns aceptó parcialmente la cautelar de no innovar. Esto significa que el gobierno nacional debe abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que se desprenda del mencionado decreto, el cual buscaba disolver la Dirección Nacional de Vialidad. En concreto, el gobierno de Javier Milei no podrá realizar reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal, ni suprimir estructuras vinculadas a Vialidad Nacional.

La sentencia fundamenta esta decisión en la necesidad de "evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo" mientras se resuelve la cuestión de fondo, citando "circunstancias graves y objetivas" en esta etapa preliminar del proceso. La jueza Forns argumentó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —especialmente los Convenios N.º 87, 98 y 151, que gozan de jerarquía constitucional— impiden al Estado modificar unilateralmente las condiciones laborales que ya han sido establecidas por normas colectivas.

Cabe destacar que la jueza no se expidió sobre la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 461. Explicó que esa cuestión requiere un "estudio mucho más complejo y profundo, con amplio debate y prueba", algo que no puede resolverse con los elementos actuales del expediente.