El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), bajo el liderazgo de Graciela Aleñá, celebró la reciente decisión de la Justicia Federal que suspendió la aplicación del DNU 461/25. Este decreto buscaba eliminar la Dirección Nacional de Vialidad y otras entidades relacionadas con la seguridad del transporte. El gremio considera el fallo un triunfo crucial en la defensa de los empleados del sector y un paso fundamental para frenar lo que describen como un "plan privatizador y destructivo" del gobierno.

La resolución judicial, emitida por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, fue recibida con entusiasmo por ser un respaldo a las acciones legales presentadas tanto por STVyARA como por otras organizaciones sindicales. Aleñá calificó la noticia como "muy positiva", destacando que "todas las acciones legales de distintas instituciones es lo que necesita el país". Enfatizó que su objetivo es "ponerle un freno a la destrucción que estaba planteando el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger y el Poder Ejecutivo Nacional".

El Congreso, próximo campo de batalla y críticas al Gobierno

En este contexto, la dirigente sindical resaltó la urgencia de llevar la discusión al Congreso Nacional, exigiendo que el DNU sea rechazado por ambas cámaras. "Tiene que ser rechazado por ambas cámaras y que no se atrevan más a venir a privatizar, hacer negocios y destruir las Rutas Nacionales, hoy desfinanciadas por el desvío del Impuesto a los Combustibles", afirmó Aleñá.

La gremialista subrayó que la intervención judicial representa "un freno necesario", pero advirtió que no es definitivo. La lucha, según ella, debe continuar frente a un "gobierno sordo, autoritario que no escucha a nadie". Para Aleñá, la decisión judicial "nos hace ganar tiempo, frenar lo que nosotros planteamos en nuestra cautelar, que es la inconstitucionalidad de la medida, pero el tema no está resuelto de fondo, hay que seguir peleándola".

La titular de STVyARA atribuyó este logro judicial al esfuerzo colectivo de los trabajadores viales y a sus movilizaciones a lo largo del país. "Es un párate, es un logro de todos los trabajadores viales del país movilizados en las rutas", aseguró. No obstante, insistió en que el objetivo de fondo es político: "trabajar en la agenda parlamentaria para que se rechace el DNU, con la comisión bicameral y con los distintos proyectos".

Vialidad Nacional: un debate que trasciende lo gremial

Aleñá destacó que el "Caso Vialidad Nacional" ha generado un debate nacional sin precedentes, atrayendo "un movimiento enorme de debate, de solidaridad y de agenda política como nunca se vio".

La dirigente argumentó que el intento de disolver el organismo afectaría directamente a las economías regionales, al sistema federal, a la seguridad vial y a la calidad de vida de todo el país. "Somos el eje rector de cualquier economía de un país, ya que más del 90 % de la producción se traslada por el modo carretero", explicó.

Finalmente, Aleñá hizo un llamado a la ciudadanía para que se involucre en el tema: "Hay que hacer entender a cada argentino que Vialidad Nacional es de todo el país y no es un organismo más, que no sólo se pierden fuentes de trabajo si se cierra". Concluyó su declaración con un diagnóstico contundente sobre la medida del Ejecutivo: "No hay antecedentes mundiales de que un gobierno elimine un organismo estratégico estatal vial como lo hizo el gobierno de Milei. Esto es de un nivel, como venimos diciendo, demencial y cruel de esta gestión, y hoy se le puso un límite. Pero la lucha continúa”.