A pesar de la parálisis impuesta por el oficialismo a la comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados, legisladores opositores, encabezados por Oscar Agost Carreño, continúan una pesquisa silenciosa que, a su juicio, confirma una maniobra fraudulenta con importantes conexiones locales. Con el apoyo de expertos en criptoactivos, testimonios de damnificados e información recabada de la justicia estadounidense, la oposición sostiene que la criptomoneda $LIBRA fue una estafa.
La comisión fue creada en abril pasado tras el escándalo que salpicó al presidente Javier Milei por haber promocionado el criptoactivo en sus redes sociales. Sin embargo, el oficialismo logró bloquear su funcionamiento, argumentando que se trataba de "un problema entre privados" sin implicación presidencial. Esta acefalía ha impedido a la oposición solicitar medidas de prueba formales y profundizar la investigación.
Cronología sugestiva y rastreo de fondos
Para mantener viva la pesquisa, los opositores han dividido tareas. El diputado Agost Carreño (Encuentro Federal), quien recientemente regresó de Estados Unidos tras interiorizarse en la investigación judicial, elaboró una cronología del escándalo que revela conexiones altamente sugestivas, gracias a las revelaciones del experto informático Fernando Molina, quien ya testificó dos veces ante la Cámara de Diputados.
Una fecha clave en esta cronología es el 30 de enero, día en que el presidente Milei recibió en Casa Rosada a Hayden Davis, el empresario estadounidense responsable del criptoactivo, acompañado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, otros protagonistas de $LIBRA. Apenas 42 minutos después de ese encuentro, Davis transfirió medio millón de dólares a un tercero no identificado. El rastreo de Molina también detectó que el 3 de febrero, el empresario norteamericano realizó otra transferencia de 1.9 millones de dólares desde una billetera bajo su control.
"Lo sugestivo es que, al día siguiente, Novelli abrió cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia con su madre y hermana. Allí deposita el contenido de dos bolsos, presuntamente dinero en efectivo”, detalló Agost Carreño. Posteriormente, el 13 de febrero –un día antes del lanzamiento del token $LIBRA, luego promovido por Milei– Davis efectuó una tercera transferencia de 1.2 millones de dólares. El 14 de ese mes, a las 18:30, Kelsier Ventures LLC (la firma de Davis) creó el contrato del token y, minutos después, se habilitó el pool de liquidez, al que solo se accede con el número de contrato. El propio Davis admitió ante la justicia de su país que las primeras compras fueron por montos inusualmente altos.
A las 19, el presidente Milei publicó que el proyecto $LIBRA serviría para fondear PyMES. Minutos después, el token alcanzó valores históricos antes de colapsar. La periodista Irina Hauser, quien también testificó ante la comisión, reveló que dos días después del escándalo, la madre y la hermana de Novelli se presentaron en la misma sucursal bancaria y, al parecer, se retiraron con el contenido de sus cajas de seguridad.
Búsqueda de identidades y cuestionamientos al gobierno
El objetivo de los legisladores es identificar a quienes conformaron el pool de liquidez del token $LIBRA, es decir, qué billeteras invirtieron dinero para su lanzamiento y luego lo retiraron, provocando el desplome del precio. Sospechan que detrás de estas operaciones podrían encontrarse nombres importantes que el Gobierno, por alguna razón, no quiere que se revelen. "De lo contrario, no se entiende por qué Milei no formuló denuncia alguna y hace silencio de radio sobre el caso”, insisten.
La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria), en contacto con los damnificados, cree que es posible conocer quiénes conocían de antemano el número de contrato del token y se beneficiaron antes de su caída. Reveló que, a pedido de uno de los querellantes, la empresa Binance Exchange envió en mayo un informe al fiscal Eduardo Taiano –quien investiga el caso– con datos que revelarían algunas de las billeteras que inyectaron fondos al token $LIBRA antes de su lanzamiento. Taiano ha dado intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), dirigida por Horacio Azzolin, para evaluar la viabilidad de rastrear estas billeteras "privilegiadas".
El diputado Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) enfatizó: “Es fundamental para la investigación conocer la identidad de quienes están detrás de esas billeteras y sus movimientos. Es información muy sensible, de difícil acceso, por eso es imprescindible que esta comisión funcione sin los bloqueos que nos impone el oficialismo. Ya con poco hemos podido avanzar mucho: la maniobra fraudulenta está comprobada y el rol del presidente fue clave”.
Selva coincide: “El oficialismo se pone muy nervioso con este tema. Es raro que Milei nunca haya apuntado públicamente contra Davis ni contra Novelli ni los demás involucrados. Buscan tapar todo y por eso el oficialismo, con Martín Menem a la cabeza, quiere clausurar cuanto antes la tarea de la comisión”.
Debate sobre los tiempos y la voluntad legislativa
El problema actual radica en los tiempos. El bloque libertario y sus aliados argumentan que está por vencer el plazo de 180 días para el funcionamiento de la comisión, según la resolución que la creó. “Ese plazo lo propusieron los bloques opositores, así que corresponde presentar el informe final y terminar con la labor –sentenció Silvana Giudici (Pro)–. Esta comisión estuvo mal formulada desde el principio, no hay delito comprobado y aun así quieren hacer daño. Donde sí hay delito es en el escándalo del fentanilo contaminado; yo propuse crear una comisión investigadora y todos hacen silencio de radio, empezando por el peronismo”.
Los opositores, urgidos por obtener más tiempo, insisten en que la comisión investigadora $LIBRA no está formalmente constituida al carecer de autoridades, por lo que el plazo aún no ha comenzado a correr. “Hay una mayoría parlamentaria que ya votó a favor de investigar el caso $LIBRA, y esa voluntad del Congreso debe respetarse –enfatizó el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica–. No podemos aceptar que la Cámara se convierta en un refugio de encubrimiento, por más maquillaje de funcionamiento que se intente mostrar. Estamos ante un escándalo institucional que involucra posibles violaciones a la Ley de Ética Pública, denuncias de cohecho y tráfico de influencias, y que ya ha sido objeto de múltiples presentaciones judiciales, incluidas tres denuncias penales impulsadas por la Coalición Cívica. No vamos a resignarnos al silencio cómplice ni al bloqueo.”
