Un juez federal de Campana declaró la invalidez del veto presidencial a la Ley 27.793, al asegurar que “el derecho a la salud de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.
Un fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la invalidez del veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, una medida que había sido sancionada por el Congreso para garantizar la atención a personas con discapacidad. La decisión se tomó tras una acción de amparo presentada por los padres de dos niños con trastornos del desarrollo, cuyos tratamientos y educación se vieron en riesgo por el desfinanciamiento estatal.
Según el fallo, el veto presidencial constituye una “clara discriminación a personas con discapacidad” y vulnera las obligaciones de derechos humanos asumidas por el Estado. El magistrado sostuvo que la ley, vetada por el Poder Ejecutivo con el argumento del “equilibrio fiscal innegociable”, es fundamental para asegurar el financiamiento de los prestadores de salud, quienes se encuentran al borde del cierre debido a la pérdida de poder adquisitivo de sus prestaciones.
Argumentos del fallo y de las partes La Ley de Emergencia en Discapacidad buscaba, entre otros puntos, asegurar un financiamiento adecuado para las pensiones no contributivas y las prestaciones básicas de atención, garantizando que el aumento que perciban los prestadores cubra la inflación.
El gobierno, a través del Ministerio de Salud, defendió el veto alegando que se trataba de una cuestión política no justiciable y que el reclamo de los padres se basaba en un "daño futuro e hipotético". No obstante, el juez desestimó este argumento, al coincidir con los padres demandantes en que "el cierre de instituciones especializadas no es una amenaza futura, sino una tragedia presente".
El magistrado, en su resolución, destacó la “doble vulnerabilidad” de los niños con discapacidad y se apoyó en una reciente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ratifica la responsabilidad del Estado sobre el cuidado de menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
