Una bomba política estalló en el sector agropecuario tras una polémica medida que benefició a las grandes exportadoras de granos. El presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Agricultura Sergio Iraeta enfrentan ahora una denuncia penal que los acusa de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La acusación, presentada ante el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, también incluye a las cinco principales exportadoras de granos (Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill) como "partícipes necesarios" de la maniobra.
La operatoria bajo sospecha
La denuncia se centra en la "ventana" de apenas 72 horas en la que el Gobierno eliminó temporalmente las retenciones a la exportación de granos hasta cubrir un cupo de $7.000 millones. En ese lapso, las empresas habrían actuado de forma "coordinada" con funcionarios para registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 19 millones de toneladas, asegurándose el beneficio fiscal de retenciones cero.
El presunto fraude es millonario: se estima que esta operación le costará al Estado una pérdida de recaudación de entre $1.000 y $1.500 millones de dólares en retenciones.
·El mecanismo: Las exportadoras registraron DJVE por un volumen equivalente a un tercio de lo que exportan en un año en solo dos días.
·El beneficio: Podrán exportar esos granos en los próximos meses sin pagar derechos de exportación, a pesar de que la "ventana" ya cerró.
Productores, los grandes perdedores
La medida generó un profundo malestar en el eslabón primario. Mientras las grandes exportadoras se quedaban con la mayor parte del beneficio fiscal, los productores solo vieron un aumento de precio cercano al 15% en la soja, mucho menor a lo que implicaba la baja total de retenciones (que estaban en 26%). En la práctica, las empresas compraron el grano a los productores a un valor que sí contemplaba las retenciones, embolsándose la diferencia.
La denuncia también señala un accionar técnico sospechoso dentro de la Secretaría de Agricultura, que emitió dos resoluciones consecutivas (la 184 y la 185) en 24 horas para garantizar que la exención de retenciones se aplicara tanto a las operaciones futuras como a las ya embarcadas, cerrando así el cerco de la maniobra.
El origen "secreto" de la acusación
Un aspecto notable de la presentación es su origen: fue realizada de forma anónima por un abogado que trabaja dentro del propio Estado Nacional. Esta modalidad de denuncia es vista como la única vía para alertar sobre manejos de esta complejidad, que requieren un profundo conocimiento técnico de la administración pública, sin exponer al denunciante a represalias por parte de sus superiores.
Ahora, el fiscal Rodríguez deberá investigar si la conducta de los funcionarios y las empresas se encuadra en los delitos de corrupción denunciados. De prosperar la investigación, el caso podría ser elevado a un juez federal en Comodoro Py para la apertura de una causa penal.
