El diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto para establecer un mecanismo contravencional ante situaciones de violencia escolar o bullying en el sistema educativo. La medida, incluida en el Código de Faltas, contempla multas económicas o la asistencia a talleres en la materia para los padres que, tras las correspondientes notificaciones, hayan omitido intervenir razonablemente para cesar la conducta agresiva de niños, niñas o adolescentes bajo su cuidado.

De esta forma, la propuesta incorpora un artículo al Código de Faltas que obliga a los padres, tutores o responsables parentales de quien haya cometido el acoso escolar a abonar una multa de cinco a 30 JUS o bien a asistir a instancias formativas sobre los derechos del niño, convivencia escolar, responsabilidad parental y prevención de la violencia.

La medida la dictará el juez competente y recaerá sobre aquellos padres que, tras la notificación formal y previa de la autoridad educativa pertinente, no hayan adoptado medidas razonables y efectivas para cesar actos reiterados de acoso, hostigamiento, discriminación o violencia física o psicológica. El juez podrá disponer el reemplazo de la multa por la realización de trabajos comunitarios.

El articulado prevé que, en su condición de autoridad contravencional, el juez de paz competente deberá requerir los informes previos que estime necesarios a la escuela en cuestión, a equipos interdisciplinarios y, de corresponder, al equipo de orientación escolar o servicio de protección de derechos. Además, aclara que no se aplicará la sanción si se acredita que el adulto responsable actuó con diligencia razonable o si la omisión se debió a circunstancias de fuerza mayor, falta de medios o razones de salud debidamente justificadas.

En los fundamentos, el legislador explica que la medida no criminaliza a los niños, niñas y adolescentes ni busca la penalización automática de situaciones complejas, sino que apunta a generar una herramienta como último recurso cuando se constate una inacción reiterada e injustificada por parte de quienes tienen el deber legal de guiar y contener.

Más adelante, agrega que la medida prevista puede ser conmutada por instancias formativas, evitando un enfoque meramente punitivo y que su aplicación estará sujeta a garantías de debido proceso, intervención educativa previa y acreditación de dolo o negligencia grave.