El Presidente anunció que la reforma laboral es la prioridad previa a la tributaria, buscando formalizar a 8 millones de trabajadores. La propuesta, basada en el proyecto de la diputada Diez, revive puntos polémicos del DNU 70/23, como la ampliación de la jornada y la forma de pago de indemnizaciones. Entre alguno de sus puntos más polémicos, figuran la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral; la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant”, algo ya objetado en fallos de la Corte, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia.
El presidente Javier Milei blanqueó este lunes la hoja de ruta legislativa de su gobierno, colocando a la modificación de la legislación laboral como la reforma prioritaria, incluso por delante de la tan anunciada reforma tributaria. Tras un contundente respaldo en las urnas, el mandatario busca acelerar el tratamiento de cambios que enfrentan una fuerte resistencia sindical.
“Debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”, afirmó el Presidente en declaraciones al canal A24, mientras lanzó un desafío directo a la central obrera: “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”.
La propuesta Diez: flexibilización y repetición del DNU
La base de la iniciativa oficial es el proyecto de ley presentado a fines de 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La propuesta se enfoca en ofrecer incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para la contratación de personal, una especie de "RIGI" a escala menor. No obstante, en su núcleo duro, la ley habilita la fragmentación de vacaciones, la instrumentación del "banco de horas" y otros esquemas de flexibilización a través de la negociación colectiva.
La mayor controversia radica en que el texto de Diez reproduce artículos clave del suspendido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, cuya validez en el capítulo laboral aún espera definición de la Corte Suprema de Justicia. Entre los puntos más objetados que se reincorporarían, figuran:
Ampliación de la jornada laboral de las actuales 8 a 12 horas.
Posibilidad de pagar parte del salario en "ticket canasta o restaurant", un concepto ya objetado por fallos previos de la Corte.
Facultad para que los empleadores paguen indemnizaciones o multas por litigios en hasta 12 cuotas.
El gobierno busca tocar la "ultraactividad" y las paritarias
En paralelo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, dejó en claro la intención del Gobierno de intervenir en la estructura de los convenios colectivos. Cordero busca revisar la obligatoriedad de los aportes sindicales y el concepto de ultraactividad, que garantiza la vigencia de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) mientras no se acuerde uno nuevo.
Además, el funcionario aspira a modificar la negociación salarial para impulsar paritarias por productividad y por empresa, un modelo "dinámico" que remite a las políticas de flexibilización de la década de los '90, en la era de Domingo Cavallo.
Rechazo de la CGT: "Ratificación del DNU"
La estrategia de Milei pasa por usar el proyecto Diez como punto de partida y sumarle sugerencias que surjan del Consejo de Mayo, organismo que incluye a representantes sindicales y empresarios.
Sin embargo, el líder de la Uocra y delegado de la CGT ante el Consejo, Gerardo Martínez, ya fijó una postura de rechazo contundente. Martínez calificó la iniciativa como la "ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral" y recordó que la central obrera ya lo judicializó "con éxito".
La intención final del Presidente es clara: utilizar la reforma para destrabar las barreras de contratación e incorporar a la formalidad a los cerca de 8 millones de trabajadores que hoy operan en la economía informal, un paso que considera fundamental para sanear las cuentas públicas antes de abordar la reforma tributaria.
