El Gobierno nacional informó un incremento de entre 29% y 35% en los valores del nomenclador para prestadores de discapacidad, que se aplicará en tres tramos hasta diciembre. Sin embargo, el anuncio volvió a generar malestar porque no cumple con lo establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada reiteradas veces por el Congreso.

La medida fue oficializada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que comunicó que los ajustes se harán efectivos entre octubre y diciembre de 2025. Según el texto difundido, la decisión fue avalada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el argumento de “beneficiar a los profesionales y prestadores que brindan servicios esenciales”.

No obstante, los incrementos anunciados quedan muy por debajo de la pérdida acumulada de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, según denunciaron familiares y entidades del sector.

Críticas desde la comunidad

Una de las voces más firmes fue la de la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, quien expresó su indignación en redes sociales:

“Es una burla, se nos están riendo en la cara. No puedo entender cómo se ignora una Ley de Emergencia votada y ratificada cuatro veces por el Congreso. No cumplirla debería tener consecuencias”, afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Bassi también cuestionó el impacto real del aumento:

“No alcanza ni para cubrir el incremento del combustible de los transportistas, y encima se paga en tres cuotas. Lo único que logran con esto es favorecer a las prepagas”, agregó.

Un organismo bajo la lupa

El anuncio de la ANDIS llega en medio de un clima de tensión y cuestionamientos hacia el organismo, que aún no logra recomponer su imagen tras el escándalo de corrupción que involucró al ex titular Diego Spagnuolo por la filtración de audios comprometedores.

Semanas atrás, un grupo de familiares de personas con discapacidad ingresó por la fuerza a la sede del organismo en Belgrano, en busca de respuestas ante la demora en los pagos y la falta de actualización de aranceles. Pese a ello, el comunicado oficial concluyó con un tono de autocomplacencia:

“Estas medidas otorgan previsibilidad al sistema y reconocen el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”.
Retroceso y corrección parcial

Bajo fuerte presión social y judicial, el Gobierno tuvo que restituir más de 100 mil pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja de forma arbitraria. La decisión fue adoptada por la ANDIS tras varios fallos adversos, entre ellos uno del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, que calificó de inconstitucional la normativa utilizada para suspender los beneficios.

La disposición fue firmada por el actual interventor del organismo, Alejandro Vilches, y marcó un retroceso frente a una política que había generado gran rechazo público.

Reclamo que persiste

Mientras tanto, organizaciones de prestadores y familiares volvieron a manifestarse en Buenos Aires y distintas provincias para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, que ya fue vetada dos veces por el Ejecutivo y ratificada en varias oportunidades por el Congreso, busca actualizar los aranceles y garantizar la continuidad de las prestaciones ante el riesgo de cierre de instituciones y pérdida de puestos de trabajo.

Los reclamos persisten porque, a pesar del nuevo anuncio, la comunidad advierte que el Gobierno sigue sin cumplir con la ley ni responder a las necesidades urgentes del sector.