La Justicia Federal analiza el patrimonio del Jefe de Gabinete tras filtrarse una estadía en el exclusivo hotel Llao Llao. La fiscalía busca determinar la trazabilidad de gastos en destinos de lujo como Aruba y Punta del Este.
El Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, enfrenta un complejo escenario judicial tras la difusión de nuevos detalles sobre sus desplazamientos turísticos desde que asumió la función pública. En el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el foco está puesto en la disparidad entre los ingresos declarados y los costos de viajes familiares de alto perfil.
El capítulo Bariloche
La información más reciente refiere a una estancia realizada entre el 20 y el 24 de junio de 2024. Según los registros que analiza la pesquisa, el funcionario se habría alojado junto a su grupo familiar en el Hotel Llao Llao & Resort.
Solo en concepto de alojamiento, las estimaciones arrojan un gasto base superior a los seis mil dólares, cifra que no incluye la logística de traslados aéreos ni servicios de consumo interno en el complejo rionegrino.
Ejes de la investigación de la Fiscalía
El fiscal federal Gerardo Pollicita lidera una instrucción que ya cuenta con datos concretos sobre otros destinos internacionales:
·Aruba (Diciembre 2024 - Enero 2025): Se detectaron vuelos vía LATAM con escalas en Perú y Ecuador. El costo de los pasajes para el grupo de cuatro personas ascendió a unos 5.800 dólares. La Justicia investiga si la estadía se produjo en un resort all-inclusive con tarifas cercanas a los mil dólares diarios por persona.
·Punta del Este (Inicio de 2024): Un desplazamiento que contradice las afirmaciones públicas iniciales del funcionario sobre su escasa actividad recreativa tras asumir el cargo.
·Medidas procesales: Ante la gravedad de las inconsistencias, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Esta medida busca cruzar los gastos con tarjetas y cuentas con las declaraciones juradas del titular de la Jefatura de Gabinete.
Implicancias institucionales
La causa no solo pone en juego la situación particular del funcionario, sino que impacta en el discurso de ajuste y transparencia que pregona el Gobierno. Mientras los registros migratorios y bancarios siguen sumando evidencias a la causa, el Poder Judicial intenta determinar si los fondos utilizados para solventar estos periplos de lujo provienen de fuentes legítimas o si responden a un incremento patrimonial no justificado durante el ejercicio de la función pública.
