La mañana de este domingo, la Policía de Neuquén notificó la orden de desalojo a cuatro comunidades mapuches que, desde el martes, se mantenían encadenadas al acceso de la Casa de Gobierno. El reclamo principal de las comunidades Lof Kelv Kurá, Lof Fvta Xayen, Lof Newen Kurá y Lof Ragilew Cárdenas es la obtención de sus personerías jurídicas. La situación escaló luego de que el sábado recibieran una denuncia penal por "perjuicio de la paz social".
Momentos de tensión y detenciones durante el desalojo
La notificación de Fiscalía exigía el desalojo "en forma urgente", la identificación e intimación de los manifestantes que ocupaban el espacio en las calles Roca y Rioja, y que obstaculizaba la circulación y el ingreso de personal a la Casa de Gobierno. Se otorgó un plazo de dos horas para desocupar el lugar.
Cerca del mediodía, la fuerza policial procedió a ejecutar la orden, lo que generó momentos de tensión en los alrededores del edificio gubernamental. Incluso se escucharon detonaciones y se registraron al menos dos detenidos. Se identificó a Nelson Cárdenas, Ever Cárdenas, Liliana Romero, Viviana Flores y Walter Cárdenas como algunas de las personas encadenadas.
Postura de las comunidades y respuesta del Gobierno Provincial
Desde las comunidades, se emitió un comunicado de prensa en el que reafirmaron su permanencia en el acampe y pidieron solidaridad a la población. "Como era previsible, Rolando Ceferino Figueroa entiende que si no se acata su autoritarismo lo hará entender a los palos. Solicitamos que todo aquel que entiende la justicia de nuestro reclamo se acerque a dar su solidaridad a las comunidades que le exigen al Gobernador nada más y nada menos que CUMPLIR CON LA LEY. No usar la LEY PARA REPRIMIR, sino usar la Ley para llevar JUSTICIA a una sociedad desigual que ellos han construido", expresaron a través de la cuenta de Facebook de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Por su parte, el gobierno provincial, bajo la administración de Figueroa, argumenta que las comunidades no han cumplido con los requisitos legales para acceder a las personerías jurídicas, ya que son trámites regulados. Además, señalaron que estas comunidades estarían en conflicto con otras de las que, al parecer, son desprendimientos.
Tras la denuncia del sábado, el gobierno provincial indicó que intentaron mantener abiertos los canales de comunicación, pero que "el proceder de estas comunidades lo llevó a considerar la denuncia por la presunta comisión de delitos de orden público en perjuicio de la paz social". Otro punto de conflicto que mencionaron las autoridades fue la supuesta toma de una oficina dentro de la Casa de Gobierno por parte de un grupo de manifestantes, un hecho que la Provincia considera grave y que podría derivar en consecuencias judiciales. Asimismo, destacaron el malestar generado al bloquear las barandas de acceso a la Casa de Gobierno, impidiendo el paso a personas con discapacidad.