El presidente enviará al Congreso un proyecto para que las provincias definan áreas mineras cercanas a las reservas de agua. Ambientalistas de Greenpeace y FARN rechazan la iniciativa y recuerdan que la Corte Suprema priorizó el derecho al agua.
El anuncio del presidente Javier Milei de enviar un proyecto de ley al Congreso para habilitar actividades mineras en zonas cercanas a los glaciares de la Cordillera de los Andes desató un fuerte rechazo de las organizaciones ambientalistas, que alertan sobre un riesgo inminente para las principales reservas hídricas del país.
Milei anunció el jueves que la iniciativa buscará que sean las provincias las que definan qué áreas periglaciales podrán ser explotadas. Argumentó que la minería —especialmente en litio, cobre y oro— representa “grandes oportunidades para hacer negocios” y podría generar “hasta un millón de puestos de trabajo”.
Advertencia: “sin Glaciares no hay agua”
La propuesta presidencial choca con la legislación vigente y con un fallo de la Corte Suprema. Organizaciones como Greenpeace Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron sobre las consecuencias.
·Greenpeace: Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad, fue contundente: “Sin glaciares no hay agua, y sin agua no hay futuro. No vamos a permitir que se avance sobre las reservas hídricas que sostienen la vida en nuestro país”.
·FARN: Desde la Fundación señalaron que “no se puede permitir que los intereses privados se superpongan con las fuentes de vida de todos los argentinos”.
Milei criticó a las organizaciones ambientalistas por su oposición, mientras que la Constitución establece que, si bien las provincias son dueñas de los recursos naturales, la
protección de los derechos ambientales es irrenunciable.
El respaldo de la Ley de Glaciares
Tras años de reclamos, Argentina aprobó en 2010 la Ley de Glaciares, considerada pionera en la región, que protege tanto a los glaciares como al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos.
Aunque la norma fue continuamente cuestionada por sectores vinculados a la megaminería, la Corte Suprema ratificó su constitucionalidad en 2019, determinando que los glaciares son bienes públicos y que, en caso de conflicto, los derechos colectivos (como el acceso al agua) prevalecen sobre los intereses particulares.
Rossi Serra remarcó que modificarla "implicaría una condena al agua de los argentinos”. En 2024, un intento del Gobierno de modificar la norma para habilitar actividades económicas en áreas periglaciales no prosperó.
Glaciares en retroceso por el cambio climático
El intento de flexibilizar la protección ocurre en un contexto de vulnerabilidad climática. Según el Inventario Nacional de Glaciares (2011-2018), Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo que cubren 8.484 kilómetros cuadrados.
Un informe de diciembre de 2024 ante la Convención de la ONU sobre Cambio Climático reconoció que el aumento de la temperatura ha provocado un retroceso generalizado de los glaciares patagónicos: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur mostraron una marcada reducción. Los datos más recientes en los Andes Desérticos (San Juan) registraron una pérdida del 17% del hielo descubierto.
