En un esfuerzo por proteger la vida e integridad de los jóvenes, el Congreso del estado de Durango, en el noroeste de México, ha aprobado la denominada "Ley Nicole". Esta nueva legislación establece la prohibición explícita de la realización de cirugías estéticas en menores de 18 años.
La reforma, propuesta por la legisladora Sandra Amaya Rosales (Morena), fue aprobada con 23 votos a favor y tiene como objetivo primordial cerrar los vacíos legales que permitían prácticas peligrosas en niños y adolescentes.
El alcance de la nueva norma
La Ley Nicole busca evitar incidentes de salud en la población juvenil. Sin embargo, los legisladores aclararon que los "procedimientos estéticos" podrán realizarse en menores solo si tienen una finalidad reparadora o terapéutica, es decir, aquellos destinados a mejorar las condiciones de vida del paciente a causa de accidentes, enfermedades u otras condiciones de salud.
La legisladora Amaya Rosales celebró la aprobación, indicando en sus redes sociales: "Cerramos vacíos legales que permitían prácticas peligrosas, sancionamos con firmeza la usurpación de profesiones médicas y establecemos la obligación de denunciar cualquier procedimiento indebido".
La ley también refuerza el marco punitivo, estableciendo:
·Penas de 4 a 8 años de prisión para quien realice procedimientos estéticos prohibidos en menores.
·Penas de 2 a 6 años de prisión para quienes usurpen una profesión médica.
El caso que impulsó la Ley
La discusión y la aprobación legislativa se aceleraron a raíz del trágico caso de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años cuya muerte generó conmoción e indignación a nivel nacional.
La menor falleció el 20 de septiembre pasado tras ser sometida a tres procedimientos de cirugía estética en una única intervención. Las circunstancias del caso son particularmente graves, ya que el procedimiento fue presuntamente realizado por su padrastro, un cirujano plástico, con la colaboración de su madre, quien participó en la cirugía sin contar con la habilitación de enfermera.
El padre de la adolescente, César Arellano, denunció públicamente que la intervención se llevó a cabo sin su consentimiento y que intentaron ocultarle los hechos. Este incidente abrió un debate crucial en Durango sobre la urgente necesidad de regular las cirugías en menores y combatir el ejercicio ilegal de la medicina.
