El proyecto de "muerte digna asistida" fue elevado por diputados radicales y plantea garantizar el acceso a la ayuda médica para poner fin a la vida de pacientes con padecimientos crónicos graves. Su tratamiento podría iniciar en el período de sesiones de 2026.
La legislación sobre el derecho a morir con dignidad podría dar un giro crucial en Argentina. Inspirados en el reciente avance de Uruguay —el primer país de Sudamérica en legalizar y regular la eutanasia por vía parlamentaria—, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ley que busca incorporar la ayuda médica para morir.
La iniciativa, liderada por el diputado mendocino Lisandro Nieri y con el respaldo de otros legisladores de su bancada, plantea modificar el marco legal vigente, que actualmente solo contempla la "muerte digna" (Ley 26.742), la cual permite al paciente rechazar tratamientos y decidir no prolongar artificialmente su vida.
Requisitos estrictos y garantías legales
El objetivo central del proyecto es garantizar el derecho de las personas que padecen enfermedades graves, incurables e irreversibles, o padecimientos crónicos y limitantes, a solicitar activamente la asistencia médica para finalizar su existencia.
La propuesta establece requisitos estrictos y controles rigurosos para acceder a la práctica, al mismo tiempo que prevé una serie de garantías fundamentales:
·La posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento del proceso.
·La cobertura obligatoria e integral de la práctica por parte del sistema de salud público y privado.
·Sanciones para quienes obstaculicen o nieguen injustificadamente el acceso a este derecho.
Se estima que, dado su peso en la agenda social, el debate sobre la iniciativa podría inaugurar las sesiones ordinarias de 2026 en el Congreso de la Nación.
El espejo de Uruguay y la situación regional
El impulso argentino llega poco después de que, en octubre de 2025, el Parlamento uruguayo lograra aprobar la ley de eutanasia, diferenciándose de otros países de la región como Colombia.
En Colombia, si bien la muerte asistida está legalizada desde 1997, se hizo a través de una sentencia de la Corte Constitucional y resoluciones ministeriales, no mediante una ley votada por el Poder Legislativo. Por ello, la aprobación en Uruguay marcó un hito regional al ser el primer país en regular esta práctica directamente por ley, tras un intento fallido en 2022.
La decisión uruguaya, impulsada por fuerzas como el Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado (PC), exige que la persona tenga una enfermedad terminal y manifieste su consentimiento expreso y reiterado para optar por una muerte asistida. Este marco regional es el que la UCR busca ahora emular y perfeccionar en Argentina.
