El Gobierno nacional obtuvo dictamen de mayoría en el Congreso para su proyecto de Presupuesto 2026, y buscará su aprobación en sesiones extraordinarias de diciembre, contando con el respaldo de aliados del PRO, la UCR y varias gestiones provinciales. No obstante, el texto ha desatado una fuerte controversia al consolidar una política de drástica reducción del gasto, cuyo símbolo más evidente es el recorte histórico a las partidas de educación.
El proyecto propone una inversión nacional en educación de apenas el 0,75% del PBI para 2026, lo que representa la mitad de lo que se destinaba hace una década (1,59% en 2015). Un informe al que accedió este medio advierte que la tendencia a la baja se profundizará, con estimaciones de inversión para Educación y Cultura equivalentes al 0,73% y 0,75% del PIB, respectivamente, en 2025 y 2026.
La magnitud del ajuste proyecta un gasto real 57% inferior al de 2023, una caída que consolida el modelo económico de austeridad fiscal. El oficialismo celebra que, de aprobarse, el Presupuesto 2026 marcaría el "menor nivel de gasto sobre PBI de los últimos 30 años".
El desfinanciamiento educativo y el desafío legal
El punto de mayor conflicto es la intención del Gobierno de derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (LEN), norma sancionada en 2006 que exige que el presupuesto consolidado para el sector no sea inferior al 6% del PIB. Expertos señalan que, tras casi dos décadas, esta meta se cumplió solo en 2015, generando una "deuda" equivalente al 5% del PIB de 2020. Eliminar la exigencia legal agravaría el desfinanciamiento.
Si bien el Presupuesto 2026 prevé un aumento nominal de solo el 8,0% para educación respecto al año anterior, los analistas señalan que es totalmente insuficiente. La inversión educativa nacional, en términos reales (descontando la inflación), mostró que los 6,8 billones de pesos proyectados para 2026 apenas representan una leve recuperación respecto a los mínimos de 6,3 billones de 2025, muy lejos de los 12,6 billones de 2017.
Presupuesto subestimado y la crisis salarial docente
Las proyecciones oficiales se basan en un supuesto de inflación del 10,1% para 2026, una cifra que los especialistas consideran poco creíble. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, por el contrario, anticipa una inflación cercana al 19,5%. Si el escenario inflacionario es el proyectado por el mercado, la actualización presupuestaria quedaría significativamente por debajo de los aumentos de precios.
En un contexto más amplio, la Fundación Éforo advirtió que las partidas presupuestarias requerirían un aumento global del 940% para mantener el poder adquisitivo real de 2023. En contraste, las partidas solo presentan una mejora nominal del 411%, significando que el total de recursos reales para 2026 es 57% menor que dos años atrás.
El impacto del ajuste se siente ya en las provincias: los salarios docentes retrocedieron a valores de 2005 y en 20 de las 24 jurisdicciones se encuentran por debajo del costo de la canasta familiar, lo que equivale a ubicarlos bajo la línea de pobreza.
Universidades y el empleo público, también afectados
La crisis de financiamiento se extiende a las casas de estudio. Las universidades recibirán el 77% del presupuesto de la Secretaría de Educación en 2026, una reducción de 2,1 puntos porcentuales respecto al 79,1% de 2025. Esto ocurre a pesar de la existencia de la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), a la cual el gobierno decidió no asignar los recursos necesarios.
Finalmente, el documento reformulado incluye un panorama preocupante en el empleo público: el 64% de quienes trabajan en la administración pública posee un segundo empleo, y el 71% está buscando activamente otra fuente de ingresos. Este pluriempleo, si bien es una realidad antigua, se ha intensificado en los últimos dos años como resultado de la creciente precarización.
