El juez federal Sebastián Casanello procesó al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por obstruir los allanamientos en la causa que investiga un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De Vicentis fue acusado de desobediencia y encubrimiento por no colaborar con las fuerzas de seguridad, lo que para el juez revela un "protocolo no escrito" en el barrio para dificultar las acciones judiciales.

El magistrado señaló que la conducta de De Vicentis fue "obstructiva" y buscó anular el factor sorpresa del operativo. Aunque el jefe de seguridad declaró que estaba de vacaciones, el juez desestimó su coartada y sospecha que alertó a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, sobre la presencia policial. Kovalivker logró evadir la detención por varios días, mientras que su hermano Emmanuel fue interceptado cuando intentaba huir del barrio con 266 mil dólares en efectivo.

Defensa de la droguería pide la "nulidad absoluta" de la causa

Los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, han solicitado la "nulidad absoluta" de la causa. A través de su abogado, invocaron la doctrina del "fruto del árbol envenenado", argumentando que la investigación se basa en pruebas obtenidas de forma ilegal: los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

En su escrito, la defensa critica la investigación, tildándola de una "caza de brujas" y denunciando "oscurantismo y desinformación". La causa se originó tras la difusión de los audios donde Spagnuolo mencionaba supuestas coimas en la compra de medicamentos a la droguería y nombraba directamente a Karina Milei y a su asesor Eduardo "Lule" Menem.