Un grave caso de corrupción ha provocado una conmoción en la cúpula de la Policía de Tucumán, resultando en la expulsión definitiva de dos altos mandos. El comisario Gustavo Beltrán, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional Norte, y su segundo, Sergio Juárez, fueron separados de la institución al comprobarse que internos de la fuerza estaban siendo utilizados como mano de obra en una propiedad privada.

La investigación se inició gracias a una denuncia anónima que llegó al ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa, quien inmediatamente puso en conocimiento del gobernador Osvaldo Jaldo la irregularidad.

Detenciones y cese definitivo de funciones

La Fiscalía de Delitos Complejos se trasladó al lugar de los hechos, una casa particular en la zona del dique El Cadillal, y confirmó la denuncia. En el predio se encontraron dos detenidos y un agente de policía realizando tareas de albañilería, además de un vehículo oficial en el sitio.

“Las diligencias investigativas arrojaron como resultado la detención de dos personas privadas de la libertad y de dos efectivos policiales, acompañados por un vehículo oficial”, confirmó el ministro Agüero Gamboa.

La situación tuvo consecuencias inmediatas para los responsables. Beltrán y Juárez fueron dados de baja de la fuerza, una sanción severa que implica su separación definitiva del cuerpo policial, perdiendo cualquier derecho a retiro o jubilación. La fiscal Mariana Rivadeneira también dispuso la detención de ambos jefes, aunque Juárez se presentó voluntariamente ante las autoridades.

Presos por abuso sexual trabajaban sin permiso judicial

Fuentes judiciales revelaron que la casa de veraneo donde se realizaban las tareas de construcción pertenecía al ahora excomisario Beltrán. Lo más grave es que, al menos cuatro presos condenados por delitos de abuso sexual eran presuntamente trasladados de forma periódica para ejercer como obreros en la propiedad.

Los reclusos permanecían alojados irregularmente en la Unidad Regional Norte, a pesar de que por su condición debían encontrarse en cárceles provinciales, y eran movilizados para trabajar sin contar con ninguna autorización judicial para salir del predio policial.