La Justicia de Rosario extendió la prisión preventiva para L.S., de 50 años, el hombre imputado por un brutal episodio de violencia de género ocurrido en agosto, cuando presuntamente quemó con un agente químico a su pareja para intentar borrar sus tatuajes, además de retenerla contra su voluntad.
En una audiencia de revisión celebrada este jueves en el Centro de Justicia Penal, el juez de primera instancia Gonzalo López Quintana hizo lugar al pedido de la fiscal Mariela Gusso y dictó la prórroga de la medida cautelar hasta el 29 de diciembre. La resolución incluye una prórroga automática hasta la finalización de la audiencia preliminar, siempre que la Fiscalía presente la acusación formal antes de esa fecha límite.
La agresión: quemaduras y cautiverio
Los hechos por los cuales L.S. se encuentra imputado ocurrieron entre el 14 y el 18 de agosto de 2025. Según la acusación formalizada por la fiscal Guillermina Torno, tras una discusión, el agresor obligó a la víctima a sentarse y a despojarse de su ropa, para luego aplicarle un agente químico cáustico sobre tatuajes que tenía en brazos, piernas y espalda.
Esta acción le provocó a la mujer lesiones térmicas (quemaduras) de primer y segundo grado en sus miembros. Además, fue golpeada en la cabeza.
La imputación también incluye el delito de privación de la libertad agravada. El agresor mantuvo a la víctima retenida en el domicilio que compartían, llevándose las llaves para impedir que ella pudiera salir y que sus graves lesiones fueran vistas.
La víctima logró escapar recién el 22 de agosto, cuando el acusado olvidó las llaves al irse a trabajar. Se refugió en casa de un amigo y, ante el agravamiento de su estado de salud, fue finalmente ingresada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) el 24 de agosto.
Antecedentes y presión
La Fiscalía sostuvo que este no fue un incidente aislado. El acusado, quien se presenta como militar retirado, ya había sido detenido en enero de este mismo año (el 26 de enero) bajo sospecha de agredir físicamente a la misma mujer y amenazarla para que no lo denunciara. En esa ocasión, el personal policial lo arrestó portando una pistola y una carabina.
Pese a que el fiscal César Cabrera lo imputó por lesiones y amenazas calificadas, y solicitó la prisión preventiva, la jueza Silvana Lamas González le otorgó medidas alternativas, como la prohibición de acercamiento por 60 días.
La víctima declaró posteriormente que, debido a las presiones y amenazas del hombre —incluso recibiendo fotos de la puerta de la escuela de sus hijas—, se vio forzada a reanudar el vínculo con el agresor.
