La propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para reemplazar el actual sistema de indemnizaciones por despido con fondos de inversión de cese laboral ha encendido las alarmas en diversos sectores. La iniciativa, que busca ofrecer un respiro a los empleadores "temerosos de la industria del juicio", es vista por críticos como un potencial "revival del sistema de AFJP", un negocio financiero lucrativo para bancos, compañías de seguros y ART, que implicaría que los trabajadores asuman el riesgo de las inversiones de su propio dinero.

Sturzenegger ha adelantado al empresariado que con este nuevo esquema, las empresas "van a poder diseñar el esquema de despidos que quieran", lo que, según él, beneficiará tanto a empleadores como a trabajadores. Sin embargo, la mirada de especialistas y gremialistas es mucho más cauta y crítica.

El andamiaje jurídico y los antecedentes de las AFJP

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, ya ha firmado el marco jurídico que habilita el reemplazo de las indemnizaciones tradicionales de la Ley de Contrato de Trabajo por fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. Silva estima que esta medida "va a transformar la forma en que se implementan y acuerdan las indemnizaciones, a la vez que impulsará el desarrollo del mercado de capitales".

Este argumento de "impulso al mercado de capitales" no es nuevo. En 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, se utilizó una justificación similar para instalar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Es de notar que Sturzenegger es un admirador de Domingo Cavallo y formó parte del gabinete económico durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Curiosamente, el presidente Javier Milei fue economista jefe de la AFJP Máxima del banco HSBC, una entidad que cobraba hasta un 30% de comisiones sobre el salario bruto de los futuros jubilados, sin que su rentabilidad dependiera de la evolución de las inversiones.

Un negocio rentable con riesgo para los trabajadores

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas, alertó a Letra P que se está gestando "un negocio financiero rentable para bancos y aseguradoras, con el que podrán invertir el dinero de los trabajadores como quieran y, al momento del despido, el trabajador recibirá sólo lo que haya en este fondo”. Cremonte trazó un paralelismo con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), gestionadas por bancos y aseguradoras, que "cobran en forma cautiva, en forma mensual, el aporte de los trabajadores y aprovechan su rentabilidad financiera”.

Estos nuevos instrumentos prevén que el empleador realice aportes mensuales equivalentes a un porcentaje del salario del trabajador, estimándose un 8% de la remuneración. La CNV será la autoridad de control, garantizando "políticas de inversión adecuadas". La normativa permite la participación de asesores y la creación de comités de inversión, con la salvedad de que no "tengan vínculos con sindicatos y sus costos sean razonables". Esta es una diferencia clave con las AFJP, que sí podían estar en manos de entidades gremiales.

Luis Campos, investigador de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), señaló a Letra P que, si bien es un negocio financiero diferente a las AFJP, "acá los aportes van a venir de los empleadores mayoritariamente". Sin embargo, el especialista fue aún más crítico, asegurando que el Fondo de Cese creado por Sturzenegger "es peor que el que ya utiliza la industria de la construcción", ya que "la ley no establece ninguna garantía mínima para el trabajador e incluso abre la puerta para que los aportes también puedan provenir del sueldo de los trabajadores".

Campos advirtió que, al desvincularse un trabajador, "el monto a cobrar dependerá del resultado de estas inversiones, por lo que el riesgo financiero se traslada a los trabajadores". El investigador alertó sobre la posibilidad de que "si hay un crack, los montos de las inversiones pueden esfumarse", y lamentó que no se incluyera "alguna garantía que indique que en ningún caso los trabajadores percibirán una suma inferior a lo que le corresponde por el artículo 245”.

Avances y reticencias en el sector y el caso UOCRA

Aunque el Fondo de Cese avanza en su formulación, el mercado asegurador muestra ciertas reticencias. Una fuente consultada por Letra P indicó que, si bien "todos dicen que les interesa el tema, lo ven dificultoso, complejo. Hay que salir a venderlo muy fuerte y meterse en los convenios colectivos de trabajo con todo lo que esto significa". El secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), Armando Cavalieri, expresó inicialmente su interés, pero no ha avanzado en un esquema para su sector.

El Convenio Colectivo de Trabajo de los Empleados de Comercio ya incluye un Seguro de Retiro Complementario con la compañía La Estrella, donde los empleadores deben aportar el 3.5% de la remuneración salarial. Sin embargo, persisten denuncias de trabajadores sobre el incumplimiento de estos aportes por parte de sus patrones. El laboralista Luis Roa detalló que la ley Bases y los decretos regulatorios del gobierno habilitan este Fondo de Cese, sentando "tramas financieras para generar un negocio similar al que, en los 90, caracterizó a las AFJP".

Abogados consultados enfatizan que el nuevo sistema es optativo y debe ser acordado por gremios y trabajadores en el marco del Convenio Colectivo, donde se establecerá la estructura de los aportes (porcentaje o monto fijo, y si son del empleador, del trabajador o de ambos). La advertencia es clara: "los empleados siempre son el eslabón más débil de la relación".

El precedente de la UOCRA y la agenda de desregulación laboral

El único gremio en el país que ya cuenta con un sistema similar a los Fondos de Cese es la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), adaptado a la dinámica del sector donde los albañiles inician y terminan relaciones laborales en cada obra. Sin embargo, el sector de la construcción padece una alta informalidad, con más del 59% de los trabajadores sin registrar, según el INDEC.

En el reciente Pacto de Mayo convocado por el Gobierno, donde estuvo presente Gerardo Martínez de la UOCRA como representante de los trabajadores, se estableció la agenda de trabajo de la administración libertaria a partir de diciembre, que incluye la profundización y desregulación de las leyes laborales.

También participó en la reunión el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini. Fuentes de la central empresaria adelantaron que colaborarán "en representación de todo el empresariado y para diseñar la modernización laboral que debería tratarse en el nuevo Congreso en diciembre. La clave es generar mayor competitividad. El aspecto laboral es clave, junto a otros como el tributario y el logístico".

Cabe recordar que el texto de la Ley Bases, aprobado en 2024, ya introdujo cambios en el capítulo laboral, como un blanqueo laboral con condonación de deuda de hasta el 90% para pequeñas empresas, la ampliación del plazo de prueba hasta un año, la eliminación de sanciones y multas por empleados no declarados, y la creación de la figura del “trabajador independiente con colaboradores” sin obligaciones laborales para los titulares. Toda esta reforma laboral del gobierno de Milei fue redactada desde el bufete de abogados Bruchou & Funes de Rioja, fundado por el ex presidente de la UIA Daniel Funes de Rioja.