Un exhaustivo análisis del Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral ha revelado que la presión impositiva en Argentina se incrementó en 2,46 puntos porcentuales a lo largo de las últimas dos décadas, abarcando el periodo entre 2004 y 2024. Este aumento se produjo a pesar de la gran cantidad de normativas y supuestas reformas fiscales emitidas con el objetivo de aliviar la carga.

Según el informe, la carga fiscal pasó del 20,26% en 2004 al 22,68% en 2024. Aunque se implementaron esfuerzos para reducir la presión desde 2016, solo se consiguió una disminución marginal del 3,1%, manteniendo los niveles de imposición extremadamente elevados.

El poder ejecutivo centraliza la emisión de normas

El estudio destaca la profusión de normativa fiscal en los últimos 20 años, con un promedio de 54 nuevas disposiciones anuales, siendo particularmente alta durante los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Sin embargo, esta abundancia de reglas no logró mitigar la complejidad estructural ni la alta presión impositiva que caracteriza al país. Los tributos más afectados por esta dinámica fueron el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes a la

Seguridad Social.

Un hallazgo clave del CET es el cambio en la generación de leyes fiscales: el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ha ganado un protagonismo creciente desde 2010, eclipsando al Poder Legislativo. Este aumento en el uso de decretos y resoluciones, tanto del PEN como de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), genera serias interrogantes sobre la calidad institucional del país y el cumplimiento del principio de legalidad tributaria.

En resumen, el informe concluye que, pese a las intenciones declaradas, Argentina sigue sumida en una elevada presión fiscal, con un Ejecutivo cada vez más dominante en la creación de las reglas impositivas.