Una nueva y delicada línea de investigación se ha abierto en el Poder Judicial, centrada en presuntos pedidos de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las sospechas recaen principalmente sobre Daniel Garbellini, ex subdirector ejecutivo y considerado la mano derecha del exdirector Diego Spagnuolo.
La clave de este giro radica en el análisis forense de los teléfonos secuestrados, que permitió a los investigadores descifrar una trama de comunicaciones sospechosas que aludirían a la solicitud coordinada de retornos de dinero provenientes de personas allegadas al exfuncionario.
Megacausa y allanamientos masivos
Bajo la dirección del juez federal Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi, las autoridades ejecutaron este jueves un operativo de gran escala, realizando 24 allanamientos simultáneos en residencias y establecimientos farmacéuticos tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires. La operación, llevada a cabo por la Policía de la Ciudad y la bonaerense, se manejó con un estricto hermetismo.
Fuentes judiciales han confirmado que los dispositivos móviles contenían evidencia que sugiere la solicitud de coimas a laboratorios y droguerías proveedoras de la ANDIS. El foco de la pesquisa está en determinar si estos pedidos derivaron en sobreprecios inflados o en la firma de contratos irregulares que habrían eludido los mecanismos de control estatales. Gran parte de estas adquisiciones se habrían realizado sin figurar en los portales públicos, careciendo de la trazabilidad habitual en el sistema oficial.
Reforma en marcha y contexto político
El avance de esta investigación judicial coincide con una auditoría interna iniciada por el Gobierno nacional para revisar las adquisiciones de la agencia. El Ejecutivo ya ha recibido de la Justicia parte de la documentación incautada, incluyendo facturas, y está evaluando una reingeniería profunda del sistema de compras: se baraja la posibilidad de centralizar las adquisiciones de medicamentos de alto costo a través del Ministerio de Salud, con el fin de eliminar intermediarios y aumentar la transparencia.
El origen mediático del caso se remonta a la difusión de grabaciones donde, supuestamente, Spagnuolo hacía referencia a la exigencia de pagos ilícitos a laboratorios. Si bien en esos audios se mencionan a figuras políticas como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Eduardo “Lule” Menem, hasta la fecha no pesan imputaciones formales sobre ellos.
El escándalo agrega presión al calendario político, coincidiendo con la interpelación prevista en Diputados para la propia Karina Milei y el ministro de Salud. En este delicado escenario, la Justicia profundiza en las pruebas mientras el Gobierno anuncia reformas institucionales. La gran incógnita es si estas modificaciones lograrán una verdadera depuración del sistema de adquisiciones o se quedarán solo en ajustes superficiales.
