El abogado Francisco Oneto, figura que comparte la defensa legal tanto del presidente Javier Milei como del empresario Fred Machado (cuya extradición a Estados Unidos por narcotráfico está en curso), reveló un historial profesional profundamente ligado a causas de alto voltaje en la provincia de Córdoba, lo que subraya un marcado conflicto de intereses.
Oneto, conocido por su carisma, tuvo que abrir una matrícula profesional en Córdoba para participar directamente en el juicio por el asesinato de Claudio "El Zar de la Droga" Torres en Río Cuarto en 2024. Allí, asumió la defensa de un narco acusado de haber ordenado el crimen de su propio socio. Su presencia en la ciudad no fue inédita; previamente había intervenido en un resonante caso de narcolavado.
Un hilo conductor entre la Rosada y la mafia
La conexión Oneto-Milei-Machado quedó expuesta durante el reciente escándalo que involucró al excandidato a diputado José Luis Espert, lo que evidenció el complejo entramado del letrado. La situación es paradójica: mientras el Presidente que lo contrata impulsa la entrega de Machado a la justicia estadounidense, Oneto concentra sus esfuerzos en evitar precisamente que su otro cliente sea extraditado de Argentina.
Este singular vínculo profesional actúa como un hilo conductor que no solo une al mandatario con el sospechoso de narcotráfico internacional, sino que también lo conecta con dos de los expedientes más resonantes del fuero penal en Río Cuarto:
1.Asesinato de "El Zar de la Droga": Donde defendió a uno de los imputados en el crimen por encargo de Torres.
2.Narcolavado de activos: La causa federal de mayor envergadura en el sur de Córdoba contra una organización criminal dedicada al tráfico y blanqueo de capitales.
En este último expediente, Oneto representó a los hermanos Rivarola, acusados de transportar, comercializar cocaína y marihuana, y realizar maniobras de lavado. La investigación, que demandó ocho años de instrucción, resultó en el descabezamiento de parte de la cúpula policial local, la incautación de cuantiosos bienes ilícitos y decenas de allanamientos a cajas de seguridad y estudios contables.
El proceso de narcolavado concluyó en 2022 mediante un juicio abreviado ante el Tribunal Oral Federal II de Córdoba. Si bien los 18 imputados recibieron penas "modestas", la Justicia los obligó a desprenderse de una parte significativa de su patrimonio.
