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El Gobierno provincial, bajo la gestión de Rolando Figueroa, ha engrosado la lista de empleados públicos desvinculados como parte del programa de "ordenamiento y transparencia" destinado a combatir el ausentismo y las irregularidades. Dos agentes fueron formalmente desafectados de sus puestos tras ser imputados por abandono de cargo debido a la acumulación de inasistencias injustificadas.

Los despidos afectan a una auxiliar del sistema educativo y a un agente de la Subsecretaría de Familia. Las cesantías son un reflejo de la política de "tolerancia cero" impulsada por el Ejecutivo, que busca optimizar los recursos estatales al mismo tiempo que se incrementan las partidas presupuestarias en áreas clave como salud y educación.

Antecedentes de la Auxiliar de Servicio

Una de las sancionadas es Valeria Liliana Quilodrán, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Centro de Formación Profesional N° 12 de Neuquén. El Ejecutivo convalidó la resolución emitida previamente por el Consejo Provincial de Educación (CPE) para aplicar la sanción de cesantía.

El historial de incumplimiento de Quilodrán era extenso: el sumario que culminó en su despido fue iniciado en octubre de 2023 por inasistencias en marzo y abril de ese año. Además, la documentación oficial revela que en octubre de 2024 ya se le había impuesto una suspensión de 25 días hábiles sin goce de sueldo por múltiples ausencias injustificadas durante 2022.

El decreto de cesantía remarcó que la obligación de los agentes es prestar servicios "con eficacia, capacidad y diligencia", y que el abandono del servicio es causal de despido. Los auditores concluyeron que la ex portera demostró "desinterés por su trabajo" y reincidencia en la falta a su deber laboral básico.

Sanción en la Subsecretaría de Familia

La otra cesantía recayó sobre Juan Pablo Oscar Díaz, personal de planta permanente adscrito a la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Gobierno. Se le imputó abandono de cargo por ausentarse de manera injustificada a su puesto durante tres períodos consecutivos en marzo de 2023.

La gestión actual se ha propuesto agilizar estos trámites sumamente engorrosos, lo que permitió que el sumario de Díaz, iniciado en septiembre de 2023, avanzara rápidamente.
Como parte del protocolo, se instruyó la realización de auditorías para verificar si los agentes desvinculados percibieron remuneración por las jornadas no trabajadas. De confirmarse, el Estado reclamará la devolución de esos montos y, en caso de negativa, la Fiscalía de Estado procederá por la vía judicial.