La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) ha formalizado una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, acusándolo de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Paralelamente, el gremio presentó un recurso de amparo para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Pediátrica.

La ley en cuestión fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso y recientemente reglamentada por el Ejecutivo, pero su ejecución se mantiene en suspenso. El motivo esgrimido por el Gobierno es la ausencia de una partida presupuestaria específica que la financie. Esta parálisis se mantiene a pesar del anuncio oficial de una inversión de $30.000 millones para el Hospital Garrahan a principios de mes.

Norma Lezana, secretaria general de la APyT, calificó la decisión del Poder Ejecutivo como un "delito flagrante" por negarse a acatar una ley con amplio respaldo social. Lezana criticó el reciente decreto que suspende la aplicación de la ley, donde el Gobierno alega que no puede costearla sin desfinanciar otros programas.

"Demuestran una decisión política, no una imposibilidad económica", sentenció Lezana, sugiriendo alternativas de financiación como "gravar grandes fortunas o eliminar exenciones a sectores privilegiados".

La denuncia penal no solo recae sobre el Presidente, sino también sobre el ministro de Salud, Mario Lugones; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes el gremio responsabiliza directamente por la inejecución de la norma. La APyT además anunció que promoverá una campaña nacional destinada a presionar al Congreso para que inicie un proceso de juicio político contra los mencionados funcionarios.