La ciudad de San Lorenzo atraviesa una grave crisis laboral y ecológica. Cerca de un centenar de trabajadores de la planta de tratamiento de residuos IDM se encuentran en estado de alerta máxima, enfrentando la inminente posibilidad de un cierre total del establecimiento.

La tensión se desató tras una inspección medioambiental que la empresa no logró aprobar. Según confirmaron a La Capital fuentes del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Afines (Spiqya), esta falla ha puesto en jaque la continuidad operativa de la planta, ya que para funcionar requiere de una clave habilitante emitida por las áreas ambientales tanto provinciales como nacionales.

Suspensiones ilegales y salarios recortados

En un panorama de profunda incertidumbre, los empleados han intensificado las manifestaciones junto a sus representantes sindicales. El secretario general del Spiqya, Julio Barroso, denunció la precariedad económica que enfrentan las familias:

“Los trabajadores están cobrando apenas entre el 60 y el 65 % de sus salarios debido a suspensiones que calificamos de ilegales”, sentenció Barroso.

El dirigente sindical apeló directamente a las máximas autoridades, el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente de la Nación, para que intervengan y faciliten la gestión de la autorización necesaria. "Sabemos que hay cosas que corregir y no nos oponemos a que se hagan, pero pedimos que se mantenga la fábrica abierta y que los trabajadores cobren el 100 % de sus sueldos”, reclamó.

Un riesgo ecológico para la comunidad

El Spiqya reconoció la necesidad de mejorar los estándares de la planta, pero alertó que la parálisis total de la actividad generaría una "bomba de tiempo" ambiental para toda la región.

Según los asesores del gremio, actualmente la planta solo está tratando aproximadamente el 6 % de los residuos generados en la zona. Barroso enfatizó la gravedad de la situación:

“Si no se tratan [los residuos], el problema afecta a todos. Esto es un riesgo para las comunidades en las que vivimos, porque nosotros también somos vecinos, criamos a nuestros hijos aquí,” subrayó, destacando que toda actividad humana, desde la banca hasta la metalurgia, genera desechos que deben ser procesados.

Con la planta operando de forma parcial y los trabajadores manteniendo su reclamo en las puertas, la comunidad espera una respuesta urgente de las autoridades que logre equilibrar la defensa de los puestos de trabajo con la responsabilidad medioambiental.