El reciente acuerdo comercial bilateral entre el Gobierno argentino y Estados Unidos, anunciado como un hito estratégico, desató un debate inminente en el ámbito legislativo. El entendimiento va más allá de los cambios arancelarios, incursionando profundamente en aspectos normativos como la propiedad intelectual, estándares regulatorios, y comercio digital, áreas que exigen la ratificación del Congreso para su plena vigencia.
Mientras la Casa Rosada busca presentar el pacto como un salto hacia la apertura de mercados y la captación de inversiones, analistas económicos y sectores productivos alertan sobre las profundas modificaciones legislativas que podrían ser necesarias y el potencial impacto en la industria local.
Apertura y flexibilización de barreras
Uno de los efectos directos del acuerdo es la facilitación del ingreso de productos estadounidenses al mercado argentino. Esto implica la eliminación o flexibilización de barreras no arancelarias que históricamente frenaban el comercio, tales como:
·Requisitos de certificaciones sanitarias.
·Normas técnicas y ambientales.
·Procedimientos de homologación.
A cambio, Argentina espera obtener un mejor acceso a los mercados de Estados Unidos para bienes clave como soja, carne, acero, aluminio y minerales críticos. Sin embargo, esta mayor competencia ya genera cautela, especialmente en industrias del interior del país, ante la posible desventaja de la producción nacional frente a las importaciones norteamericanas.
El Núcleo de la disputa: propiedad intelectual y patentes
El capítulo más sensible y que ineludiblemente requiere la intervención parlamentaria es el de la Propiedad Intelectual. Washington ha manifestado especial interés en que Argentina adopte normativas más rigurosas en:
·Protección de patentes, marcas y derechos de autor.
·Regulaciones sobre transferencia tecnológica.
·Estándares de innovación farmacéutica.
La armonización con los criterios de EE. UU. implicaría modificar las leyes nacionales de patentes y los procesos de registro, lo que podría tener consecuencias directas en la biotecnología y la industria de laboratorios locales.
Comercio digital y datos transfronterizos
Otro eje crucial se centra en la economía digital y la transferencia transfronteriza de datos. El pacto busca que Argentina homologue la jurisdicción de Estados Unidos como "adecuada" para el manejo de información. Esto simplificaría drásticamente el intercambio para empresas de software, plataformas digitales, fintech y servicios tecnológicos.
La aplicación de estas cláusulas implicaría la adaptación de las leyes de protección de datos personales y el marco de comercio electrónico, medidas que también deberán ser refrendadas por decretos complementarios o, directamente, por el Congreso.
Las cláusulas bajo la lupa del Congreso
No todas las disposiciones del acuerdo requieren ley, pero una porción sustancial deberá pasar por el debate parlamentario. Los puntos que exigirán tratamiento legislativo son:
1.Reforma de propiedad intelectual: Cualquier cambio en la ley de patentes o derechos de autor.
2.Ajuste de estándares regulatorios: La necesidad de adaptar normas de salud, ambientales y laborales a los criterios de EE. UU.
3.Marco de datos digitales: La modificación de la Ley de Protección de Datos y el reconocimiento de jurisdicciones externas.
El Gobierno, enfrentando una intensa disputa legislativa, deberá demostrar los beneficios reales para los exportadores argentinos y justificar los compromisos regulatorios a largo plazo. La preocupación de sectores industriales, agrícolas y tecnológicos anticipa un debate "artículo por artículo", dada la sensibilidad de ceder soberanía normativa a favor de la competencia norteamericana.
