El caso del fentanilo adulterado, que ya provocó la muerte de casi un centenar de personas en el país, escaló a un nuevo nivel de alerta tras el hallazgo de ampollas contaminadas en clínicas privadas de Chubut y Córdoba. Las dosis, provenientes del laboratorio HLB Pharma, se suman a una lista creciente de localidades afectadas y encienden las alarmas en el sistema de salud.

En Chubut se incautaron 189 dosis, mientras que en Córdoba fueron 200. Si bien los ministerios provinciales confirmaron que no habían adquirido el producto, su presencia en instituciones privadas generó un nuevo foco de preocupación y desató una intensa búsqueda para evitar más víctimas. El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, señaló una grave "falla estructural": el fentanilo no está incluido en el sistema de trazabilidad del Estado, lo que impide conocer su paradero y obliga a buscar las ampollas una por una.

El Instituto Malbrán ratificó que el lote 31202, producido en diciembre de 2024, estaba contaminado con bacterias peligrosas. De las más de 154 mil unidades fabricadas, se estima que al menos 42.500 ya fueron aplicadas a pacientes, lo que subraya la magnitud de la crisis. En Córdoba, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, confirmó dos muertes vinculadas al uso de este fentanilo y no descartó que aparezcan más casos.

La ANMAT prohibió el uso de todos los lotes del laboratorio investigado y pidió a las provincias notificar de inmediato cualquier hallazgo. Mientras tanto, el juez Kreplak dispuso la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para 24 directivos y allegados de HLB Pharma.

La tragedia pone en el centro del debate una polémica decisión tomada en 2016, cuando el fentanilo fue excluido del sistema de trazabilidad obligatoria. Ocho años después, esa medida es cuestionada como una de las causas que permitieron la circulación de este producto letal.